La decisión del Gobierno de reducir los dividendos del carbono (las retribuciones que reciben las centrales no emisoras de CO2) ya genera una seria polémica con Bruselas. El recorte afecta a las instalaciones nucleares, hidroeléctricas y, para sorpresa de todo el sector, también eólicas que están operativas desde 2005.
A priori, por tanto, se trata de activos ya amortizados; sin embargo, la supresión de las retribuciones no se puede acometer de la forma en que el Gobierno lo ha hecho. Toda propuesta que afecte a las remuneraciones de la generación energética libre de CO2 (cuyo fomento es prioritario para la UE) tiene que ser consultada con Bruselas, y no se hizo así, como delatan las quejas ya expresadas por la Comisión Europea. El malestar del Ejecutivo comunitario es aún mayor al observar en la decisión de Moncloa todos los visos de una política "intervencionista" guiada por motivos "políticos". Se explicaría de este modo la manera en que las eléctricas quedaron al margen del diseño de un Anteproyecto de Ley que impacta de forma directa en aspectos tan importantes como la hoja de ruta para el futuro cierre de las nucleares. Ese calendario se delineó bajo el compromiso de que las centrales mantendrían unas retribuciones estables en el mercado mayorista, que son las que ahora se van a recortar.
El cambio en las retribuciones a las centrales no emisoras de CO2 necesita un consenso con Bruselas que no se buscó
Es más, la alteración de las reglas de juego en medio del partido también afecta a las expectativas de la inversión en renovables, como explica en elEconomista el consejero delegado de la patronal Wind Europe, Giles Dickson. La decisión tomada por el Gobierno, como un parche para lograr abaratamientos del recibo de la luz, devuelve así la incertidumbre y el miedo a la inseguridad jurídica en el sector energético.