Hacia otro conflicto en el inmobiliario catalán
La Generalitat anunció el miércoles su intención de imponer sanciones, que pueden ir de los 3.000 a los 90.000 euros, a los propietarios de viviendas que las tengan alquiladas a precios por encima de lo estipulado en el Índice de Referencia de Cataluña. El comunicado también dejó claro que sería la Consejería de Territorio y Sostenibilidad, comandada por Damià Calvet, la encargada de imponer las multas a aquellos que no cumplan la ley de alquileres catalana, aprobada en septiembre de 2020. El mero hecho de que el Govern se empecine en imponer multas a los propietarios a pesar de que esa norma se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional (y es muy posible que acabe anulada), ha sido objeto de críticas en el sector inmobiliario. "No tiene sentido que el Govern dicte sanciones mientras la Justicia decide si tiene competencias para limitar los precios del alquiler en su territorio", dicen desde una promotora. Las críticas también llegan desde el mundo judicial. En este último caso, lo que las fuentes trasladan es el temor a que haya un aluvión de litigios en los tribunales catalanes y en instancias superiores por estas sanciones. "Si la Generalitat sigue adelante con las multas, se dará inicio a un buen número de batallas legales que saturarán aún más los juzgados", advierte un magistrado.
Los chiringuitos que Iglesias quiere en Madrid
El debate televisado del pasado miércoles evidenció de nuevo que uno de los argumentos a los que más suele recurrir Pablo Iglesias, en la campaña electoral del 4-M, se basa en criticar el "gran número" de instituciones y empresas asociadas al Gobierno madrileño, a los que llama "chiringuitos". Es más, siempre alega que el líder de Vox, Santiago Abascal, se benefició de uno de ellos en tiempos de la expresidenta, Esperanza Aguirre. Pues bien, en círculos políticos se ironiza sobre la "incoherencia" de Iglesias, ya que el programa de Podemos está plagado de proyectos para crear nuevos organismos públicos. En concreto se habla de un total de 51, entre observatorios, comisiones y agencias de la más variada índole.
Opacidad en los contratos ligados a la epidemia
Un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación refleja la opacidad en los contratos públicos ligados al Covid en los primeros meses de la pandemia. En concreto, el estudio demuestra que más de 3.200 contratos de un total de casi 12.000 ni siquiera se han notificado en la Plataforma de Contratación, por lo que incumplen la normativa.
