Opinión

El desafío español de los fondos de recuperación europeos

Los 140.000 millones que llegarán de Bruselas, un reto sin precedentes para nuestra Administración

Los líderes de la UE han pactado un plan de 750.000 millones de euros – los fondos Next Generation- para reconstruir las economías de la región afectadas por la pandemia. El componente principal de estas subvenciones, por valor de 312.500 millones de euros, ha sido denominado, un tanto pomposamente, el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Los Estados miembros deberán preparar planes nacionales de recuperación comprometiéndose a reformar sus economías para desbloquear su parte asignada de esta financiación, que se distribuirá de 2021 a 2023. Los 77.500 millones de euros restantes de subvenciones se utilizan para completar los programas presupuestarios normales de la UE. Hasta ahí la Historia que se conoce. A partir de aquí queda la Historia por escribir.

El pasado 5 de enero el Financial Times trasladó a la opinión pública lo que muchos expertos vienen sosteniendo hace tiempo ante la magnífica noticia de la consecución de estos fondos: España e Italia, los países que más se benefician de estos fondos, son "cuellos de botella" administrativos que tendrán problemas para usar las ayudas europeas. España tiene la peor tasa de absorción de fondos de inversión estructural de la UE de 2014 a 2020 con un 39%, mientras que Italia es del 40%, según cifras de la Comisión. Solo en 2019, Italia tuvo la tasa de absorción más lenta de la UE, con solo el 30,7% de los fondos pagados, según el Tribunal de Cuentas Europeo. Por eso, podemos decir que España tendrá que afrontar un bendito problema, el reto más colosal que se enfrentará la economía española y la administración del Estado en los próximos años. La pregunta es ¿está la administración Pública española preparada para este colosal reto? A la vista de los datos que hemos expuesto anteriormente la respuesta es fácil: evidentemente no; lo que nos lleva a hablar de modernizar todas las administraciones públicas. Y esto debe hacerse teniendo en cuanta que debemos de estar muy vigilantes contra la corrupción porque, como mínimo desde 2005 tenemos un continuo de investigaciones judiciales contra actividades delictivas de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc. Esto ha condicionado enormemente la evolución de la contratación y procedimientos administrativos, pero, por el contrario, no impidió que nuevos casos surgieran. La Administración General de Estado es la que tiene los mejores expertos y controles más eficientes, junto con la Administración Local y Autonómicas donde secretarios, interventores y tesoreros velan por la eficacia de la gestión, la seguridad jurídica y el control de los fondos.

Agilizar la tramitación de los proyectos y evitar la corrupción, factores fundamentales

El Gobierno español ha comenzado a dar pasos en la dirección de coordinar todo el plan con el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una herramienta fundamental para agilizar la tramitación de los proyectos y un mensaje a la Comisión de que España había puesto la "Alta Velocidad" para ejecutar los fondos Next Generation. El RDL pretende mejorar la eficiencia de la contratación pública para impulsar la recuperación y hacer frente a futuras crisis. Potencia nuevamente la figura de Agencia Pública para la gestión de fondos. Establece la programación por objetivos, evaluables y cuantificables, algo realmente novedoso. La norma contempla diversas fórmulas de colaboración público-privada, basada en la tesis de que el sector público puede ser también un impulsor de la innovación en colaboración con el privado, como señala Mariana Mazzucato. Entre las formulas más novedosa, destacan los Proyectos Estratégicos para Recuperación y Transformación Económica (PERTE) declarados así por acuerdo del Consejo de Ministros. Proyectos a los que se presupone gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía del país. Los criterios a valorar para declarar a un PERTE son, entre otros, sus efectos positivos en el mercado interior y la sociedad; la combinación de conocimientos, experiencias y recursos financieros y actores económicos; su carácter innovador en términos de I+D+i; su tamaño particularmente grande o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado; la integración de la pymes; y que contribuya de forma concreta e identificable a unos o varios de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Otros instrumentos de colaboración pública privada que se contemplan son los Consorcios con personalidad jurídica propia y diferenciada. Las sociedades de economía mixta, figura de gran tradición en el mundo local para la gestión de servicios básicos, en cuyo accionariado participa mayoritariamente la Administración por sí o por medio de una entidad pública en concurrencia con capital privado.

Y hay muchas preguntas aún sin resolver, pero algunas muy de sentido común: ¿Llegará a la ciudadanía estos fondos para mejorar su situación económica? Y en caso afirmativo, ¿Cómo? Y ¿Serán fondos donde los grandes beneficiados serán las grandes empresas? ¿O las pymes también accederán en las mismas condiciones?

Un primer paso para no volver a estrellarnos con las rocas de la ineficacia, con los tristes porcentajes de ejecución presupuestaria que recordamos más arriba. Esperamos con ilusión los siguientes.

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