Los últimos años han estado marcados por una demonización sistemática de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs). Se ha acusado a estos vehículos injustamente de contar con un tratamiento fiscal privilegiado, cuando el gravamen del 1% al que tributan (hasta que se venden sus participaciones) es idéntico al que rige sobre los fondos de inversión.
También se han desoído los llamamientos de la CNMV a acabar con la incertidumbre legal que afecta a unas sociedades que han dinamizado la actividad inversora en España en los últimos años. Sin embargo, es innegable que el daño ya está hecho en gran parte. El cierre de sicavs es constante, hasta el punto de que hay registradas casi 1.000 menos que en 2015, el ejercicio en el que su número marcó un récord en nuestro país. En este contexto, lo urgente es paliar los perjuicios que este retroceso puede seguir causando, sobre todo si se considera que todavía existe un patrimonio conjunto de 28.000 millones gestionados por sicavs en España. Por ello, resulta oportuna la propuesta de la industria española de la inversión, en la que aboga por facilitar la transferencia de todos esos activos a fondos de inversión convencionales domiciliados en nuestro país. Para lograr este objetivo, resulta crucial que esa operación no se vea penalizada desde el punto de vista fiscal. Hacienda debería prestar atención a este llamamiento.
Si se penaliza el traspaso del patrimonio que estas sociedades gestionan a fondos, todos esos activos saldrán de España
Sin duda, es posible que el Fisco se resista a hacerlo y se niegue a renunciar a los ingresos extra para las arcas públicas que gravar ese traspaso supondría. Sin embargo, esa actitud tendrá un alto coste ya que aboca a que todo el patrimonio que aún atesoran las sicavs en España salga de nuestro país.
