
Las presiones de Iglesias sobre el ministro Campo
Moncloa ha deslizado en diferentes momentos que la intención del Gobierno respecto a los indultos a los presos del procés era no pronunciarse hasta pasado el 14 de febrero, fecha en la que se iban a celebrar los comicios catalanes, y dejar a la Justicia trabajar. Pero el posible aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo (si los jueces lo permiten) cambia el escenario, especialmente para Podemos que, dicen, pretende aprovechar la prórroga para presionar hasta conseguir que Oriol Junqueras, Carme Forcadell y los otros siete condenados por el 1-O salgan de la cárcel. Así lo reflejan las diversas declaraciones de distintos portavoces de la formación morada, exigiendo en público la necesidad de que Justicia agilice el proceso de los indultos. Pero se dice que es en el ámbito alejado de los micrófonos donde Pablo Iglesias y los suyos están presionando todo lo que pueden al ministro de Justicia Juan Carlos Campo. ¿Objetivo? "Lograr como sea los indultos para apuntarnos ese tanto de cara a las elecciones de mayo", apuntan desde la propia formación política.
Quejas por los altos precios que cobra Colau
Desde el pasado 18 de enero, los conductores que circulen por Barcelona ya no pueden recargar gratis sus vehículos eléctricos en la red pública porque así lo ha decidido el Ayuntamiento. Se dice que el sistema tarifario que ha ideado el consistorio dirigido por Ada Colau, además de complejo, es "abusivo". En concreto, recargar por completo un coche 100% eléctrico en determinadas horas puede costar 25 euros. Ni qué decir tiene que el alto coste que ahora cobra el Ayuntamiento por utilizar la red Endolla Barcelona ha generado una oleada de protestas por parte de asociaciones vecinales y de consumidores. Todas coinciden en decir que "desincentiva" el uso de este tipo de vehículos cero emisiones. "Los precios solo pueden ser calificados de abusivos", dicen desde un organismo de consumo.
¿Aluvión de contratos a dedo en Pontevedra?
Se comenta que el Ayuntamiento de Pontevedra está concediendo decenas de contratos a familiares y amigos y organizaciones afines. En concreto, cuentan que el consistorio comandado por Miguel Anxo del BNG divide los contratos para reducir las cantidades. De esa forma, se puedan conceder a dedo sin necesidad de convocar un concurso público. "Gracias a este sistema, toda la gente afín al BNG en la ciudad, incluyendo amigos o parejas, está recibiendo su recompensa", critican desde la oposición a los nacionalistas gallegos en Pontevedra.