A comienzos de 2020, España reafirmó su posición como el país europeo con menor porcentaje de autopistas de peaje (en total, un 16% de su red). Fue entonces cuando la AP-4 y el tramo Tarragona-Alicante de la AP-7 dejaron de ser de pago.
El proceso, lejos de detenerse, continuará en este ejercicio cuando, a partir de agosto afecte a más tramos de la AP-7 y a la AP-2. Sin duda, el modelo de peajes dominante en España en las últimas décadas necesitaba una revisión en aspectos como su excesiva concentración en determinadas zonas, como Cataluña. Ahora bien, su supresión sin la implantación de alternativas supone gravar con un alto coste a la Administración. Sólo en el caso de la eliminación de peajes de este año esa cifra ascenderá a 300 millones. Esta merma se deriva, por un lado, de los impuestos que dejarán de pagar las concesionarias, en este caso Acesa e Invicat (ambas propiedad de Abertis) y, por otro de los costes de mantenimiento que deberá asumir el Estado. A este último respecto, debe subrayarse que el déficit de conservación de carreteras acumulado se encamina ya a una cifra superior a 8.000 millones. Nunca debe olvidarse que, en el ámbito de las infraestructuras, nada es gratis y, especialmente en lo que atañe a su mantenimiento, resulta necesario asegurar fuentes de recursos.
La eliminación de peajes debe acompañarse de alternativas que aseguren ingresos suficientes para su conservación
Hay varias opciones como la euroviñeta, que grave la circulación de tráfico pesado. Puede estudiarse también la implantación del modelo alemán o portugués, donde la persistencia de los peajes se combina con un amplio repertorio de bonificaciones a los residentes. Son alternativas que el Gobierno debe estudiar para consolidar un modelo de autopistas sostenible y respetuoso con los estándares de seguridad.
