El penúltimo Consejo de Ministros del año hizo público el esperado programa de ayudas del Gobierno a dos sectores tan diezmados por la crisis como la hostelería y el turismo.
Se pone así fin a un largo retraso en el que las empresas de estos ámbitos han tenido que hacer frente a nuevas limitaciones de su actividad, mientras sus costes fijos continuaban inalterados mes tras mes. La iniciativa del Gobierno aborda ese problema, sobre todo, en lo que se refiere al pago de los alquileres de locales, ofreciendo rebajas tanto en Sociedades como en IRPF para los arrendadores del sector turístico. También se prevén aplazamientos de deudas tributarias, cotizaciones sociales y cuotas hipotecarias para las actividades a las que se dirige el plan de choque del Ejecutivo, cifrado en 4.220 millones. Las patronales, sin embargo muestran su decepción ante la ausencia de ayudas directas como las que otros países, especialmente Alemania, pusieron en marcha. Ahora bien, debe reconocerse que no resulta sencillo trasplantar ese modelo, basado en ayudas sociales a los propietarios de bares, restaurantes y negocios destinados al ocio, a la realidad española. No sólo influye el muy diferente tamaño que el sector hostelero y turístico presenta en el caso particular de cada una de esas economías. Además, debe considerarse que, en lo que afecta a nuestro país, muchos negocios se muestran ya incapaces de superar la crisis.
El recurso a las ayudas directas supondría financiar a empresas que en muchos casos ya no son viables
Las transferencias directas pondrían a estas empresas al mismo nivel que aquéllas que aún tienen opciones de sobrevivir, lo que implica un uso ineficiente de los fondos en un momento muy difícil para las cuentas públicas. Más útiles resultan los incentivos para que las empresas viables puedan retomar su actividad.