El sistema fiscal español presenta un repertorio llamativamente amplio de deducciones y exenciones tributarias. Sólo en el año próximo se estima que por esta vía se dejarán de recaudar (entre impuestos directos e indirectos) 77.000 millones, el equivalente al 50% de las ayudas europeas que están destinadas a nuestro país del fondo Next Generation EU.
Nada habría que objetar a estos beneficios impositivos si cumplieran con los objetivos que fueron diseñados, generalmente relacionados con la redistribución de la riqueza para colectivos especialmente vulnerables, o fomentar la creación de nuevas empresas y estimular la actividad económica. Sin embargo, los fiscalistas avisan de que, en la mayoría de los casos, no se consiguen esos efectos por el deficiente diseño que presenta todo este catálogo de deducciones estatales y autonómicas. Su resultado final, por tanto, se limita a una merma de recaudación que tienen que compensar los contribuyentes que no pueden acceder a estos beneficios, los cuales acaban afrontando tipos marginales más altos. Se trata de un grave problema que pone en evidencia un sistema fiscal plagado de parches, como desde la Unión Europea se ha denunciado en repetidas ocasiones. Basta con recordar las reiteradas críticas de Bruselas a la excesiva laxitud con la que se definieron en nuestro país los criterios para concretar qué artículos están sometidos a los tipos reducido y superreducido del IVA.
España arrastra un sistema de deducciones y exenciones que no cumple con los objetivos para los que fue creado
Por tanto, la reforma fiscal que España necesita no pasa por crear nuevos impuestos o subir los tipos de los ya existentes. Lo realmente efectivo sería cubrir los múltiples agujeros por los que se escapa el fruto del esfuerzo fiscal, ya muy elevado en su renta per cápita, que se exige a los ciudadanos.