El alcance de la futura Ley de Vivienda, en cuanto a la limitación del precio de los alquileres, está aún por verse. Es lo que cabe esperar de una norma en cuya aplicación las decisiones de los ayuntamientos serán claves. Con todo, la incertidumbre existente ya afecta a los grandes inversores inmobiliarios.
Por su propia naturaleza deben planificar sus operaciones a largo plazo y no pueden esperar a comprobar cuáles serán los efectos definitivos en los principales municipios. El riesgo del intervencionismo en este mercado distorsiona los cálculos sobre la rentabilidad de sus proyectos y es capaz de anular inversiones. El inmobiliario no está en el epicentro de la crisis, pero la inseguridad jurídica que se cierne sobre él y amenaza con paralizarlos.
