Opinión

Se habla de enero negro del Govern, de miedo en Moncloa con la Ley Celaá y del "futuro" de UPyD

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat en funciones

El enero negro que el Govern ya teme

Tras la reapertura de bares y restaurantes hasta las 21:30 horas, Cataluña afronta ahora un periodo de desescalada en el que, según el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, se tomarán todas las precauciones que sean necesarias para llegar con una tasa baja de contagios a la Navidad. Durante esos días también se aplicarán medidas específicas (toques de queda, por ejemplo) para evitar un repunte del virus a lo largo del mes de enero. No obstante, y a pesar de todas las precauciones que la Generalitat está tomando, fuentes del Ejecutivo catalán comentan que existe miedo a que sea necesario regresar a las medidas más restrictivas durante el primer mes del año. Llegar a ello es un extremo del que tratan de huir tanto Junts per Catalunya como ERC, ya que temen el nefasto efecto que un nuevo cierre de la hostelería o un confinamiento domiciliario podrían tener de cara a las elecciones autonómicas del 14 de febrero. "Los dos partidos independentistas viven en permanente conflicto, pero si en algo coinciden es en hacer todo lo posible por evitar restricciones en enero", dicen desde un partido de la oposición en el Parlament.

La decisión judicial que más inquieta a Moncloa

La pasada y por la mínima (solo dos votos), el Congreso aprobó la Ley Celaá. Una norma muy polémica que atenta contra la concertada, la educación especial e incluso el español. El Ejecutivo es plenamente consciente de que la oposición no tardará en llevar la nueva ley al Tribunal Constitucional para que decida si el texto vulnera algún artículo de la Carta Magna. Aunque no lo reconozcan en público, el Gobierno teme que el Tribunal acabe tumbando la Ley Celaá. "Si se declara inconstitucional se generarán importantes problemas con algunas de las formaciones con las que se cuenta para sacar adelante los Presupuestos", reconocen desde Moncloa en clara referencia a ERC y al PNV, dos partidos que apoyaron la Ley Celaá en el Congreso y que son necesarios para aprobar las cuentas públicas de 2021.

UPyD aún se resiste a desaparecer

La pasada semana la Justicia dictó la extinción de UPyD y dio orden para que su nombre desaparezca del registro de partidos. A pesar de esa sentencia de muerte, la formación magenta aún se resiste a morir. Por lo que se comenta, el partido se reunirá esta semana para decidir su futuro. Lo más probable es que recurran la sentencia. "Lo que está descartado totalmente es la fusión con Ciudadano", aseguran.

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