El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada una propuesta de ley europea sobre el cambio climático, destinada a consagrar el objetivo de neutralidad climática para el 2050 en la legislación de la UE y a adoptar un nuevo objetivo de reducción de las emisiones de la UE de al menos el 55% para 2030. Después del Parlamento, será el turno de los líderes de la UE para dar su opinión sobre el asunto, con un acuerdo que se espera ahora en la reunión del Consejo Europeo de diciembre.
La adopción de la ley europea sobre el clima representa un paso importante y necesario para el proceso de descarbonización de la UE, pero llegar a la neutralidad climática para 2050 no será fácil, y Europa debe prepararse para un camino lleno de baches.
Por ejemplo, un importante cuello de botella político en el proceso de descarbonización de la UE está representado por el carbón. Mientras que el sistema energético de la UE se está volviendo más ecológico y eficiente, el carbón sigue proporcionando una quinta parte de su suministro eléctrico. En algunos países el carbón sigue representando el componente predominante de la combinación de generación de electricidad. No es de extrañar que sean los mismos países que hoy en día albergan más dudas sobre la oportunidad de acelerar el proceso de descarbonización de la UE, especialmente en medio de una pandemia.
La UE puede desempeñar un papel importante en la eliminación gradual del carbón en toda Europa, garantizando el bienestar social de los mineros del carbón que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo y acompañando la transformación socioeconómica de las regiones carboníferas. Esta es la razón por la que la presidenta Von der Leyen propuso el año pasado un Fondo de Transición Justa (FTC) como piedra angular de su Acuerdo Verde Europeo.
El pasado mes de mayo, la Comisión propuso dotar al FTC con 43.000 millones de euros -un aumento cinco veces mayor que su propuesta de 2019- con nuevos recursos procedentes del fondo de recuperación de la UE, Next Generation EU.
Sin embargo, los líderes de la UE decidieron en julio reducir a la mitad el FTC a 17.500 millones de euros. Esto representó uno de los principales inconvenientes del acuerdo del Consejo de la UE sobre el presupuesto de la UE y el fondo de recuperación, que vio cómo se reducían sustancialmente las importantes inversiones de la UE de la próxima generación en bienes públicos de la UE (no solo el FTC, sino también la salud, la investigación y la cooperación internacional).
En septiembre, el Parlamento Europeo reaccionó a esta decisión adoptando una resolución en la que pedía un aumento del Fondo a 57.000 millones de euros (de los cuales 25.000 millones de euros del presupuesto de la UE y 32.000 millones de euros de la UE del Next Generation).
Actualmente se están llevando a cabo negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre el Presupuesto de la UE para 2021-2027. Es deseable que ello dé lugar a un Fondo Fiduciario Conjunto más sólido, ya que el instrumento representa un elemento importante para garantizar la inclusión social y la aceptación política del proceso de descarbonización de la UE, y sobre todo a medida que se acelera en la próxima década.
Para cumplir sus objetivos, el FTC no solo debe ser considerable, sino también bien diseñado. Por ejemplo, sería especialmente importante centrar el Fondo en el apoyo social a las poblaciones de los territorios en transición y simplificar las metodologías de asignación del FTC, para incluir también la ambición de las estrategias de transición de los países presentadas a la Comisión Europea.
Se trata de una cuestión importante para el futuro de la política climática de la UE, porque solo dando una respuesta sensata al desafío de la transición justa, la UE podría eliminar un importante escollo en su camino hacia la descarbonización. Tras años de debates, ha llegado el momento de que la UE cumpla con y fomente dos importantes objetivos sociales: la descarbonización y la inclusión social, de un solo golpe.
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