El Gobierno acometerá una revisión completa de la Ley de Contratación Pública, para simplificarla. Se trata de un cambio de especial calado ante la futura llegada de los fondos europeos de ayuda contra la crisis.
La norma, en su redacción actual, supone un serio obstáculo para que las pymes puedan tener acceso a estos recursos y es por ello necesaria la reforma planteada. Sin embargo, ésta debe llevarse a cabo evitando el peligro opuesto, esto es, la falta de transparencia y de criterios claros sobre cómo deben repartirse las ayudas. En toda concesión pública, para todavía más en el caso de unos fondos de carácter excepcional como estos, las garantías de que el reparto no obedece a intereses políticos deben ser prioritarias.