Las grandes eléctricas reclaman al Gobierno que limite el alcance que ahora tiene la actual tarifa regulada de la luz. Piden que se excluya a las empresas y a una parte de los hogares, ya que se rebajaría el tope máximo de potencia que se puede contratar en este régimen.
Si la propuesta sale adelante, todas las pymes tendrían que contratar en el mercado libre. No se trata de cambios arbitrarios. Al contrario, están orientados hacia una mayor liberalización, una evolución que el sistema eléctrico español tiene pendiente. Así lo demanda Bruselas desde hace años. Pero, a más corto plazo, deben considerarse los riesgos que supone para España resistirse a ajustes de este tipo. Correría el riesgo de que los ingresos y gastos vuelvan a desequilibrarse y resurja el déficit de tarifa.
