El Gobierno pone en el punto de mira el actual protocolo de cobertura sanitaria para los empleados públicos. El llamado modelo Muface permite a estos trabajadores dónde quieren ser atendidos, en centros privados o públicos.
Se trata de un exitoso ejemplo de la colaboración entre estos dos tipos de sistemas sanitarios, pero que está amenazado por el propósito, puramente ideológico, de dar exclusividad al sistema público. La gran mayoría de los empleados de la Administración, un 84%, optan por la atención privada. Si se les priva de la capacidad de elegir, significará que la sanidad pública tendrá que dar cobertura a cinco millones de personas más. Resulta muy dudoso, sobre todo en la delicada situación actual, que esa carga extra sea asumible y no conduzca al colapso.
