
El Gobierno aprueba casi 1.800 millones más en ayudas a una de las actividades que en mayor medida sufre la crisis: el transporte terrestre. Las ayudas abordan la incertidumbre administrativa que sufre el sector (ante la imposibilidad de renovar sus certificados de la ITV durante el estado de alarma) y, aún más importante, sus problemas de liquidez.
El nuevo plan prevé así moratorias en los pagos de todo tipo de financiación (leasing, renting...) para adquirir vehículos. Ahora bien, como recuerdan las patronales del sector, medidas semejantes empezaron a tomarse en mayo pero su efectividad fue muy limitada, debido a los altos requisitos que imponían a colectivos como los autónomos. Conviene que, esta vez, el acceso no sea tan restrictivo.