La letra pequeña del fondo de rescate de empresas, que el Gobierno presentó la semana pasada, evidencia una llamativa indefinición en los que deberían ser sus criterios más importantes. La intervención pública está legitimada cuando afecta a empresas viables y a las que se puede atribuir carácter estratégico.
Ahora bien, esta última categoría es notablemente amplia, dado que en ella cabe toda compañía que tenga "un sensible impacto social y económico" en el territorio donde opere. Se podría decir que multitud de firmas, en cuanto disfrutan de un mínimo arraigo en una región y cuentan con un tamaño medio o superior, encajan potencialmente en ese perfil. En cuanto a la manera de evaluar su viabilidad, la precisión también escasea ,ya que el principal requisito se limita a definir un plan de negocio solvente. Según las directrices europeas, el nuevo fondo de rescate debe limitarse a la intervención, "como último recurso y de modo temporal", de empresas golpeadas por una crisis impredecible como la actual, pero que conservan unos buenos fundamentales. Sin embargo, con una reglamentación tan difusa, se allana el camino a entrar también en compañías en franca situación de quiebra, y afectadas por problemas estructurales. La crisis evidenció el alto coste que, en el medio y largo plazo suponen los rescates de este tipo. El sector financiero, tras recurrir a fórmulas como los famosos bancos malos, puede dar fe de lo difícil que resulta encontrar en el futuro compradores para activos ya muy deteriorados.
El posible rescate de empresas en franca situación de quiebra es un lastre inasumible para las Administraciones
Esa situación obliga a prolongar sine die la presencia del Estado, y otras Administraciones en el capital. Se trata de una carga extra siempre pesada para el sector público, pero ahora inasumible dado el deterioro de sus situación financiera.
