El Gobierno habilitará un fondo de 10.000 millones para entrar en el capital de empresas a las que la actual crisis dejara en situación de solvencia. Se trata de una decisión en línea con las propuestas de la UE para evitar la destrucción del tejido productivo en los Estados miembros.
Precisamente, por ello, deben tenerse muy presentes las limitaciones que Bruselas plantea. Así, debe tratarse de una solución de "último recurso". Es más, transcurridos seis meses desde su activación, debe elaborarse un plan de salida, de modo que se garantice que, en 2024, la participación pública ya haya bajado del 15%. Sin normas que deben cumplirse escrupulosamente para evitar nacionalizaciones permanentes o la toma de posiciones de control en empresas que las condicionen ideológicamente.
