Opinión

Mostrando el camino de la Inversión Responsable (1/9): La protección de los derechos humanos digitales en la era 'post Covid-19'

  • Con esta tribuna arranca un ciclo de 9 artículos de opinión firmados por expertos de Robeco sobre sostenibilidad

Los datos digitales han experimentado un crecimiento que rebasa los límites de la imaginación, y pueden dar lugar a graves problemas relacionados con la privacidad y los derechos humanos, sobre todo cuando se trata de los delicados datos referentes a la salud que se están utilizando en la lucha contra el Covid-19. El volumen de datos a escala mundial alcanzará aproximadamente los 40 billones de gigabytes en 2020; más de 5.000 gigabytes por cada habitante del planeta [1]. Se trata de cinco veces la capacidad de un ordenador personal medio... y buena parte de ellos tratan sobre USTED.

Como sucede con todas las tendencias de rápido desarrollo, la ausencia de un marco regulador apropiado da lugar a nuevos riesgos y oportunidades para todas las partes interesadas. Algunos modelos de negocio se construyen enteramente alrededor de la recopilación, el uso o la venta de datos de consumidores. Consiguientemente, la ciberseguridad y los riesgos sociales de la inteligencia artificial (IA) son aspectos a los que prestamos mucha atención en lo referente a los derechos humanos digitales. 

En la crisis del Covid-19 -al igual que muchos otros aspectos ASG importantes- los derechos humanos digitales están siendo puestos a prueba. Por un lado, las aplicaciones móviles para rastrear a las personas infectadas pueden salvar vidas y contribuir al desconfinamiento de sociedades enteras, ayudando así a sus economías. Por otro lado, si no se implantan con cuidado, peligra la privacidad de las personas. Algunos argumentan que es preciso sacrificar la intimidad para lograr estos fines. Sin embargo, AccessNow, una organización sin ánimo de lucro líder en este campo, sostiene que garantizar unos derechos digitales sólidos puede contribuir de hecho a mejorar la salud pública [2]. 

Por nuestra parte, comulgamos plenamente con esta visión. Si los derechos digitales no se protegen se rechazará la adopción voluntaria de las aplicaciones móviles para rastrear a las personas infectadas, de manera que solo tendrán éxito si se imponen obligatoriamente. En muchos países esto no se aceptará, y los gobiernos serán incapaces de implantar con éxito herramientas de salud digitales. 

China ya está utilizando el reconocimiento facial para rastrear a los infectados e identificar a quienes no utilizan mascarilla

Pero también hay otras cuestiones menos obvias. Los datos sobre salud se encuentran entre las categorías de datos más delicadas. La protección de datos es primordial. El seguimiento de los datos de salud puede resultar necesario para que las autoridades puedan responder a un nuevo brote de rápida propagación. Sin embargo, la mala gestión de estos datos puede generar desconfianza y desembocar en un menor uso de las herramientas de salud digitales. 

Otro aspecto importante es el de la vigilancia. Los gobiernos pueden aprovechar esta crisis para implantar herramientas de vigilancia a gran escala que podrían considerarse controvertidas. El reconocimiento facial ya se está utilizando para la vigilancia, seguimiento y control de los movimientos de las personas en relación con el brote de coronavirus. China lo está utilizando para rastrear a las personas infectadas e identificar a quienes no utilizan mascarilla. 

Al parecer, en Moscú, las autoridades rusas utilizan cámaras de vigilancia, sistemas de reconocimiento facial y geolocalización para hacer cumplir su régimen de cuarentena y rastrear a las personas infectadas y a sus familiares [3]. Aunque entendemos que los derechos individuales se valoran más en los países occidentales que en otros lugares, consideramos que estas prácticas podrían desembocar en una grave violación del derecho humano básico a la intimidad, sin aportar una contrapartida clara para las personas. 

Las empresas de TIC reciben un número cada vez mayor de peticiones de gobiernos de todo el mundo para restringir el acceso a determinados servicios e interferir redes. Con estas interferencias se pretende a menudo restringir derechos internacionalmente reconocidos como la libertad de expresión, impedir el acceso a servicios esenciales de emergencia, pagos o salud, o impedir el contacto con familiares y amigos.

En algunos casos, estos mandatos plantean un riesgo adicional para los derechos humanos al tratar de restringir la libre circulación de información antes de unas elecciones, o cuando se utilizan para enfocarse específicamente hacia determinadas regiones, distritos o grupos étnicos. En esta crisis hemos visto cómo las autoridades de China, Irán e incluso Estados Unidos han tratado de controlar la información compartida en redes sociales por periodistas o responsables sanitarios. 

Por otro lado, hemos visto que se ha publicado gran cantidad de información errónea relacionada con cuestiones que van desde contener la respiración hasta administrar todo tipo de medicamentos como supuestas soluciones para la pandemia. En respuesta a ello, grandes plataformas como Facebook, Google o Twitter están dirigiendo proactivamente a los consumidores hacia fuentes de información fiables, tales como las autoridades sanitarias. 

En ausencia de un marco regulador apropiado, los derechos humanos digitales entrañan riesgos para las empresas en las que invertimos. La exposición a problemas como la privacidad de los datos, la ciberseguridad o el impacto social de la IA pueden afectar gravemente a su actividad, por lo que una buena gestión de los mismos puede constituir un elemento diferenciador para las empresas

Una aplicación móvil que rastree el Covid-19 tendrá éxito o no en función del grado en que proteja los derechos humanos

En nuestros procesos de inversión analizamos sistemáticamente la manera en que las empresas gestionan estas cuestiones. Examinamos no solo la solidez de las políticas editoriales y de seguridad de la información, sino también los procesos y los resultados en lo que respecta a infracciones y sanciones. Combinando este análisis con el de otras cuestiones sustanciales como las prácticas de gobierno corporativo o la gestión del capital humano, evaluamos el impacto sobre los factores generadores de valor de las empresas pertenecientes a estos sectores. 

También nos centramos en los riesgos o desafíos más inminentes, como los sesgos en los algoritmos que pueden dar lugar a una vulneración de la privacidad. Nos fijamos en la efectividad de las prácticas de gobierno corporativo en relación con los derechos humanos digitales y sus implicaciones para el capital humano, así como las oportunidades que ofrece la IA. Todas estas cuestiones revisten relevancia financiera para la actividad de una empresa. 

Pedimos a las empresas que se aseguren de dotar a sus consejos de administración de los conocimientos adecuados, y que adopten políticas y procesos sólidos para la preservación de los derechos humanos en este mundo cada vez más digitalizado. Les pedimos que sean transparentes en caso de que se enfrenten a problemas o incurran en infracciones. Y, seamos claros, por supuesto que una aplicación móvil que pueda ayudar a rastrear y contener el Covid-19 es buena idea, pero su éxito dependerá del grado de protección de los derechos humanos que ofrezca.

Masja Zandbergen es Directora de Integración de Criterios ASG en Robeco.

Danielle Essink es Especialista en Compromiso y Propiedad Activa de Robeco.

[1] Fuente: https://techjury.net/stats-about/big-data-statistics/#gref

[2] Fuente: https://www.accessnow.org/protect-digital-rights-promote-public-health-towards-a-better-coronavirus-response

[3] Fuente: AccessNow.org

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