¿Existe una conspiración de la Guardia Civil para hacer derrocar al gobierno social-comunista? Esta es la pregunta que recorre los cenáculos madrileños tras el fulminante cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y a la que ha seguido una remodelación de los mandos de todo el cuerpo.
El enfrentamiento de los mandos de la benemérita con el ejecutivo viene de lejos, aunque ha sido de una manera soterrada. El ministro del Interior, el magistrado en excedencia, Grande-Marlaska había basculado a favor de la Policía Nacional en los grandes temas. No había feeling. Demasiado conservador para aceptar de buenas ganas a un líder del movimiento LGTB. Por si fuese poco, les colocó al frente por primera vez a una directora-mujer como María Gámez, quien además es una destacada dirigente socialista.
La gota que desbordó el vaso fue cuando la jueza Carmen Rodríguez-Medel, hija y hermana de guardias civiles, pidió al instituto armado que investigase la manifestación feminista del 8-M y acabó imputando al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco. Éste había autorizado dicha manifestación, lo que pudiera haber sido la causa de la propagación de la epidemia. La intención era investigar el papel del doctor Simón en una decisión que la "derecha patriótica" no ha dudado en calificar de negligencia criminal. La abogacía del Estado reaccionó con contundencia contra la jueza por entender que estaba abriendo una causa general contra el Ejecutivo. ¿Por qué tanta urgencia cuando aún estamos en un estado de emergencia? se preguntan los abogados del Estado.
El gobierno sospecha que estamos ante un intento de derrocamiento. Lo que pretende la "derecha patriótica", sospechan los socialistas, es meter en la cárcel a Pedro Sánchez, a sus vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, así como al ministro de Sanidad Salvador Illa y a la ministra de Igualdad, Irene Montero: "ya lo intentaron con Felipe González y sus ministros de Interior por el caso GAL". En definitiva, dicen, bien podría ser la venganza de Pablo Casado contra un dirigente que instrumentalizó a la Justicia para hacer caer a Mariano Rajoy, tras una moción de censura basada en una interpretación del "caso Gürtel". El juez había afirmado que el PP era una organización cuya finalidad era obtener beneficios económicos a través de la corrupción.
Para el Partido Popular todo esto es solo la fabulación de un gobierno que trata de ocultar sus responsabilidades. Según argumenta, el auténtico escándalo es interferir desde el Ministerio del Interior para que la Guardia Civil, en su papel de policía judicial, actuase de "espía" de lo que estaba realizando la jueza. Por esta razón, piden la dimisión de Marlaska y de la directora general de la Guardia Civil.
Una trama que recuerda a la película dirigida por Luciano Salce "Golpe de estado" (1969). Y para echarle más emoción, la razón fundamental sería evitar que Sánchez cierre un pacto de legislatura entre el PSOE, Podemos, ERC, Bildu y que, con Más Madrid, suman mayoría absoluta: 176 escaños. Una alianza de la izquierda radical que controlaría Euskadi, Cataluña y el resto de España.
Una fantasía que preocupa, y muy mucho, a las élites del poder. Un gobierno de corte bolivariano donde se perpetuaría Pedro Sánchez gracias a la alianza social-comunista.
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