Hacienda permitirá este año hacer la declaración de Sociedades incluso cuando las cuentas anuales de la empresa no estén aprobadas. Sin duda, el Gobierno se asegura así de que los plazos de recaudación de este impuesto no se demore, pero lo hace a costa de crear inseguridad jurídica en las firmas.
No en vano permite que los accionistas se queden a ciegas sobre la situación de la empresa y, posteriormente, cuando accedan a las cuentas, haya lugar a litigios. Mucho más adecuado sería que el Ejecutivo aclare el caos en el que sigue sumida, pese al inicio de la desescalada, la definición de plazos para operaciones básicas como las fusiones, las disoluciones o la rendición de cuentas. Trámites claros, y no más incertidumbre es lo que las empresas necesitan.