El reparto de los 16.000 millones que el Gobierno destinará a las autonomías ante la actual crisis se decidirá en el Congreso.
El alivio que realmente supondrán estos recursos se ve mermado. Debe considerarse que se trata de dinero nuevo, que se cargará en la partida de deuda pública y que no se supedita a los mecanismos del sistema de financiación ordinario, de hecho las regiones que no se incluyen en el régimen común, País Vasco y Navarra, también entrarán en el reparto. Pero se confirma que su distribución no responderá a criterios científicos o técnicos, pese a que el presidente Sánchez se comprometió a ello el pasado fin de semana. Si estos recursos se convierten en objeto de discusión parlamentaria, puede garantizarse que serán los intereses territoriales de los partidos los que determinen su destino final.