El Congreso discute otra prórroga del estado de alarma, vigente desde el 14 de marzo. En esta ocasión, el debate se plantea en condiciones diferentes. Por primera vez, existe el riesgo de que su renovación se frustre y el Gobierno reaccionó de una forma desproporcionada.
Sus argumentos, más propios de un chantaje, invocan el "caos" que supondrá suspender un estado de alarma que ahora se presenta como condición sine qua non para que las ayudas a empresas y trabajadores tengan vigencia. Es más, el Ejecutivo también lo vincula férreamente a todo su plan de desescalada, lo que amenaza con prolongarlo, como mínimo, hasta finales de junio. Es una postura inexplicable considerando que ya no se necesita un confinamiento estricto y hay normas como la Ley de Salud Pública que bastan para garantizar las restricciones de movilidad. Resulta lógico así el temor que los juristas consultados por elEconomista a que se esté imponiendo un estado de excepción o de sitio no declarado como tal, capaz de dar cobertura a derivas autoritarias en ámbitos tan sensibles como la libertad de información o la protección a la propiedad privada. Los expertos denuncian el peligro de una situación ya insostenible en sus mismos términos, puesto que se trataría de una dictadura constitucional.
Su prolongación amenaza con implantar un estado de excepción o de sitio que no ha sido declarado como tal
En otras palabras, el Gobierno se ampara en los procedimientos que establece la Carta Magna para dotar de legitimidad a una medida, la prolongación sine die de la suspensión de derechos, que atenta contra los principios fundamentales de la Ley Suprema misma. El estado de alarma debe ya llegar a su fin y permitir el normal funcionamiento propio de un Estado de Derecho y de una economía de libre mercado.
