Hoy todos manejamos con soltura el término "Erte por fuerza mayor", que se ha convertido en un elemento familiar, como lo fue en los años 2010 – 2013 otro término hasta entonces desconocido para la mayoría, "la prima de riesgo". El expediente de regulación de empleo (en sus siglas, Erte), justificado por una causa de fuerza mayor, ha sido una de las medidas más habituales de las facilitadas por el Gobierno para apuntalar la supervivencia de las empresas.
Millones de trabajadores han visto cómo se suspendían sus contratos de trabajo o se reducían sus jornadas en base a causas de fuerza mayor, fundamentalmente el confinamiento y la consiguiente prohibición de circular, así como el cierre de actividades o la limitación de las mismas a supuestos de urgencia. De hecho, la avalancha de solicitudes ha superado a algunas administraciones autonómicas, las de las regiones con mayor tejido empresarial, que se han visto incapaces de atenderlas en su conjunto.
Apuntalar a las compañías nos ahorrará mucho dinero y evitará problemas sociales
Desde la aprobación del Erte, el trabajador afectado pasa a cobrar la prestación por desempleo, es decir, a depender del Estado. Ahora bien, un erte por fuerza mayor tiene, por definición, un plazo de vigencia limitado al tiempo en que concurra la causa que lo motiva. Y la causa de todos los Ertes por fuerza mayor acordados hasta el momento es siempre la misma: el estado de alarma. Concluido el estado de alarma, concluye la causa de fuerza mayor. ¿O no?
El 10 de mayo nos enfrentamos a la posibilidad de que el estado de alarma concluya y se inicie lo que ha venido en llamarse "la desescalada", otra palabra que va a acompañarnos diariamente durante meses.
¿Tiene sentido que un restaurante, que ha permanecido cerrado durante dos meses, se vea obligado a reincorporar a la actividad a su plantilla el día 11 de mayo? No parece que lo tenga, cuando lo que se está planteando es una reactivación paulatina de la actividad, con limitación en el aforo y estrictas medidas de seguridad. Por eso, el Gobierno está barajando la posibilidad de prorrogar por decreto los Ertes por fuerza mayor, así como de suavizar sus exigencias, como por ejemplo la de que ha de afectar a la totalidad de la plantilla.
Parece prematuro obligar a las firmas a reincorporar la plantilla el próximo mes de agosto
Mientras el Estado propone una prórroga de tres meses, las maltrechas empresas y algunos sindicatos defienden que la prórroga se extienda hasta seis. ¿Cuál es el trasfondo de este debate? Si el Erte sigue vigente, el trabajador continúa cobrando del Estado y la empresa sigue sin pagar las cotizaciones a la Seguridad Social; si, por el contrario, el Erte concluye, los trabajadores pasan a cobrar otra vez de la empresa que, además, debe volver a cotizar por ellos. ¿Puede el Estado español soportar el coste de mantener a varios millones de personas – adicionales al paro estructural que sufre nuestra economía- cobrando el desempleo durante seis meses? O, visto desde el otro lado, ¿pueden las empresas que han visto cómo se cerraba su actividad durante dos meses y se reactiva tímidamente a partir de mayo asumir los costes salariales totales a partir de agosto?
No debemos olvidar una cosa importante: el erte ha supuesto un coste para el Estado y un ahorro para las empresas, pero muchas de estas han perdido, si no todos, sí la mayor parte de sus ingresos. No ha sucedido lo mismo con los gastos estructurales. Se han visto obligadas a pagar todas las demás obligaciones derivadas, no ya de su actividad, sino de su mera existencia (rentas, intereses, suministros, seguros, impuestos…) Son casi tres meses perdiendo dinero sistemáticamente.
No hay ninguna duda de que la empresa que pueda querrá arrancar cuanto antes a la máxima potencia que le permitan la ley y el mercado y reincorporar a la actividad al mayor número posible de trabajadores, en aras de recuperar el tiempo perdido. La que no lo haga será o porque no ha sobrevivido o porque no se dan las condiciones. Pero, tal y como están las cosas, ahora mismo parece prematuro obligar a las empresas a reincorporar a la totalidad de la plantilla el próximo mes de agosto, cuando se cumpliría el plazo de tres meses.
Sí, es cierto que, cuanto más se alargue esta situación, mayores serán los costes que soporte el Estado, es decir, todos nosotros. Pero, ¿no será mayor el coste que tendremos que soportar si quiebran las empresas?
Si apuntalar las compañías hoy nos ahorrará mucho dinero, mañana nos ayudará a resolver muchos problemas sociales. Por eso, creo que el Gobierno debe ser flexible en este momento y permitir respirar a las empresas.
