El modo en que el Gobierno está desarrollando el reglamento europeo para el control de inversiones en sectores estratégicos sólo puede hacer saltar las alarmas desde el punto de vista jurídico y económico. Esa norma comunitaria responde a una amenaza evidente, como es la posibilidad de que inversores oportunistas, ajenos a la Unión, controlen empresas clave aprovechándose de sus caídas en bolsa.
Ahora bien, en el caso español, se aplicará un control de inusitada dureza, que rebasa con creces esa finalidad. Es lo que cabe concluir de la obligación de que eléctricas, telecos o medios de comunicación necesiten de autorización previa para acometer inversiones a partir de un millón de euros. El límite fijado es tan ínfimo que puede preverse que hasta las operaciones más básicas de estas firmas se sujetarán a supervisión estatal. El daño que esta medida puede provocar se antoja incalculable con considerar solamente el caso de los medios. No en vano se abre la puerta a paralizar a empresas informativas que no sean ideológicamente afines. Pero, en realidad, apenas hay algún sector económico que se libre de este control casi omnímodo sobre sus inversiones. Debe tenerse en cuenta que la definición de sector estratégico que invoca el Gobierno es extremadamente flexible, ya que en ella cabe toda actividad que tenga relación con la salud, la seguridad y el orden públicos.
El modo en que el Gobierno desarrolla la norma europea que limita las inversiones presenta una dureza sin parangón
Por si fuera poco, la exigencia de permiso administrativo no reconoce límite temporal y se puede extender más allá de la vigencia del actual estado de alarma. Por tanto, estamos a las puertas de un intervencionismo económico abusivo y sobredimensionado que choca frontalmente con lo que una economía de mercado y la libertad de empresa demandan.
