Los problemas en la compra de material sanitario no se agotan en la falta de calidad o eficiencia de los equipos. Más graves aún son los presuntos fraudes que protagonizan los intermediarios a los que el Gobierno recurre, lo que exige la intervención de Hacienda.
Es cierto que la urgencia dificulta la aplicación estricta de la Ley de Contratación Pública. Pero no es justificable la ignorancia de la más mínima supervisión, que sólo requieren consultar los datos de la Agencia Tributaria. Se habría descubierto así que, en varios casos, estas firmas, además de no acreditar ninguna experiencia en estas actividades, carecen de ingresos y son sospechosas de evasión fiscal. Un suministro tan vital ahora como el sanitario no puede estar sumido en el descontrol.
