España se suma esta semana a la lista de países europeos que han iniciado cuantiosos programas de avales públicos, con el fin de asegurar que la crisis del coronavirus no truncará las cadenas de liquidez de sus economías. El presidente Sánchez subrayó que se trata de una movilización de recursos sin precedentes en la historia española.
Sin duda, su cuantía en términos absolutos, 100.000 millones, es muy elevada. Sin embargo, en términos relativos, nuestro país queda notablemente por debajo del estándar europeo: 8% del PIB frente a una media del 15%. Sorprende esta contención considerando que España se beneficia, al igual que los demás Estados de la UE, de la suspensión temporal a la que se ha sometido el cumplimento de los objetivos de déficit público. Ahora bien, el hecho de que los esfuerzos extra no se contabilicen como déficit implica que tendrán que registrarse automáticamente como deuda propia de cada país. Y sería ingenuo esperar alivios en este capítulo mediante esfuerzos comunitarios como la emisión de eurobonos. Nueve países abogarán en la reunión del Eurogrupo de hoy por este tipo de mutualización de deuda, una cuantía demasiado exigua como para doblegar el recelo de los países del morte a esta medida.
La falta de esfuerzos por bajar el pasivo de las Administraciones merma ahora la capacidad de desplegar estímulos
Por tanto, España tiene que enfrentarse sola al desafío de compaginar las necesarias ayudas fiscales contra la epidemia con la debilidad que supone que el pasivo de sus Administraciones está en máximos históricos (96% del PIB), y sin inflación que ayude a paliarlo. La falta de esfuerzos para reducir este lastre, en los años de alto crecimiento y estabilidad económica, exige ahora un alto peaje, en términos de un margen reducido para desplegar estímulos fiscales cuando son necesarios.
