El nuevo calendario para transferir competencias desde el Estado al País Vasco sitúa en 2022 el momento en que se delegarán las funciones relacionadas con el pago de pensiones. No existe objeción legal para ello, ya que está previsto en el Estatuto de Guernica. Igualmente, es bien conocido que el cambio no rompe la tesorería común (la caja única) a la que todas las autonomías contribuyen para pagar a los receptores de estas prestaciones del conjunto de España.
Resulta claro que lo que el País Vasco recibirá es la capacidad de gestión de las pensiones. Ahora bien, considerar que esta competencia se limita a hacer efectivos los pagos a los jubilados vascos equivale a no abarcar las dimensiones reales del cambio. Mucho más importante es el hecho de que quedará en manos del Gobierno autonómico la inspección de empresas, para asegurar que cumplen sus obligaciones en cuanto a pago de cotizaciones. Del mismo modo, también tendrá capacidad para hacer las reclamaciones de posibles atrasos a las firmas que se encuentren en proceso de reestructuración. Hasta ahora, esas solicitudes se rigen según un único baremo, con independencia de dónde tenga su domicilio la empresa deudora.
Transferir la gestión de la Seguridad Social abre la puerta a la disparidad de criterios en las reclamaciones de deudas
Con la próxima transferencia de competencias, se abre la posibilidad de que el País Vasco rompe esa unidad, posiblemente para aplicar unos criterios más laxos. No en vano el peligro de quiebra de una empresa en su territorio, con la consiguiente pérdida de empleos que supone, puede poner en una situación difícil al Ejecutivo autonómico a la hora de reclamarle sus cuentas pendientes con la Seguridad Social. Sin duda, esta posible diferencia de criterios no rompe la caja única, pero puede afectar de forma radical a la cuantía de los recursos de los que dispone.
