Opinión

La revolución de la movilidad y su necesario buen gobierno

Son tantas las ocasiones en que se habla de una nueva revolución que la palabra parece haber perdido parte del significado rupturista que la define. La revolución del consumo, la revolución de las comunicaciones, la revolución tecnológica y, sí, la revolución de la movilidad, también.

Aludir a la revolución de la movilidad aboca a una reflexión cabal sobre dos ideas-fuerza: por un lado, el impacto que las modernas políticas de movilidad están provocando en los medios de transporte clásico; por otro lado, las nuevas formas de transporte y movilidad resultantes del big bang provocado por la unión de tecnología, capital y decisión empresarial.

Mas en esencia, nada cambia. Las personas se desplazan por sí o por medio de un tercero por la ciudad o entre los núcleos habitados. Al igual que sucede con las mercancías producidas. El cambio radical afecta al cómo. El fin de la economía del carbono explica ese cambio. Las materias que arrinconaron la tracción animal se ven ahora laminadas por nuevas energías más sostenibles y eficientes a las que nuestra sociedad y economía se ven abocadas. La insostenibilidad de la proyección del consumo energético occidental a las felinas economías asiáticas es evidente, a escala global. Las emisiones que la economía china genera para producir 1000 dólares de su PIB doblan la media de los países de la OCDE. Su proyección a gigantes que empiezan a despertar como la India aterra, por insostenible.

El transporte se electrifica para hacerse más sostenible. El motor eléctrico o la pila de hidrógeno desplazarán el motor de combustión. Nuestros pulmones (y nuestra salud) lo agradecerán. La calidad del aire mejorará de manera proporcional al descenso que consigamos de los niveles de contaminantes primarios, como los óxidos de nitrógeno o las partículas finas y ultrafinas, y secundarios, como el ozono troposférico, que en estos momentos deterioran la calidad del aire ambiente de nuestras ciudades.

"El Estado puede y debe legislar sobre movilidad para garantizar, por demás, la igualdad efectiva de los ciudadanos, la unidad de mercado y la correcta ordenación de nuestra economía"

En este sentido es loable la iniciativa de las administraciones públicas, aunque como en más ocasiones de las debidas, llegue un tanto tarde y no de manera sistemática. La sistematicidad en este campo exige el ejercicio coherente de sus competencias por aquellas administraciones que las tienen atribuidas. El Estado ha hecho en los últimos años un Godot, parafraseando a Beckett, generando con ello un alto riesgo regulatorio. Las comunidades autónomas y los entes locales parecen haber tomado la delantera ante cierta inacción estatal. Las distorsiones que pudieran derivarse del difícil encaje de numerosas ordenanzas y planes de movilidad locales junto a varias leyes autonómicas de lucha contra el cambio climático en un contexto de ausencia de normativa básica sobre la materia resulta preocupante.

Las políticas de movilidad son parte esencial de los planes de lucha contra la contaminación atmosférica. La capacidad legislativa del Estado es indiscutible en este campo. El Estado puede y debe legislar sobre la materia con base en estos títulos para garantizar, por demás, la igualdad efectiva de los ciudadanos, la unidad de mercado y la correcta ordenación de nuestra economía.

En el plano local, el ciudadano debe ser libre para elegir como se mueve por su ciudad, entre las diversas formas sostenibles que puede tener de hacerlo. En los últimos años se ha abierto un amplio abanico de posibilidades para que los consumidores podamos decidir cómo nos movemos. A los tradicionales medios de transporte (taxi, autobús o metro) se han sumado plataformas y empresas que ofrecen nuevos servicios de alquiler de vehículos no contaminantes por franjas horarias: motos, coches o e-scooters.

La respuesta dada a estas iniciativas por los grandes municipios españoles plantea más sombras que luces. En su mayoría, sus ayuntamientos han aprovechado la regulación de los espacios públicos que estos vehículos ocupan y la ordenación del tráfico y circulación a la que se someten para implementar una auténtica regulación de la actividad carente, sin embargo, de soporte legal. En dicha regulación se atisba, además, en el pasado más reciente, un patrón común basado en la desconfianza y cierta voluntad suplantadora de la iniciativa particular.

"Las corporaciones locales deben limitarse a regular aspectos de su competencia y la regulación de una actividad económica, como es el arrendamiento de vehículos sin conductor ni base fija las excede, con mucho"

La libre iniciativa en el ejercicio de la actividad económica sólo puede estar sujeta a los límites estrictamente exigibles por motivos de interés general. Las corporaciones locales deben limitarse a regular aspectos de su competencia y la regulación de una actividad económica, como es el arrendamiento de vehículos sin conductor ni base fija las excede, con mucho.

La ocupación del dominio público y desde ahí, el establecimiento no motivado de límites cuantitativos, no puede ser una excusa que permita incidir en el desarrollo de la actividad de los operadores llegando a limitarla o imposibilitarla a través de limitaciones a su despliegue. Las corporaciones locales deben hacer un uso cabal de sus competencias para lograr que los agentes privados se conviertan en los agentes dinamizadores de las nuevas políticas de movilidad sin renunciar a un retorno económico justo por la utilización del espacio público. La colaboración público-privada constituye una herramienta clave en la lucha contra la contaminación y el cambio climático.

Las restricciones impuestas a estas actividades son por ello contraproducentes. Limitan la visibilidad y accesibilidad a un fenómeno verde y trasnacional, que genera ingresos para las administraciones y que colabora en un cambio cultural imprescindible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El déficit regulatorio, por exceso o por defecto, genera importantes externalidades negativas medioambientales, económicas y sociales.

Los operadores de la movilidad coinciden en el diagnóstico y en la prescripción. La superación de este déficit constituye otro de los retos que tendrá que afrontar el nuevo Ejecutivo. Su inclusión en la agenda pública de los próximos años constituye ya un deber inexcusable e inaplazable.

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