A la expectativa de lo que pueda deparar el Brexit, el grave abuso sanitario y económico generado por las prácticas ilícitas de varias aseguradoras británicas requiere que sigamos alzando la voz.
La comercialización de pólizas de asistencia en viaje que realmente se lucran del sistema sanitario público, a través de la Tarjeta Sanitaria Europea, es una práctica fraudulenta que ha vuelto a multiplicarse este verano. Un dato alarmante teniendo en cuenta que Reino Unido es el principal emisor de turistas a España y que, sólo en agosto de 2019, el número de viajeros británicos que visitaron nuestro país fue superior a 2 millones.
Tenemos un sistema sanitario que goza del reconocimiento y respeto internacionales y no lo decimos nosotros, lo dicen estudios como el de Bloomberg, que mide la eficiencia sanitaria de casi 200 economías del mundo y sitúa a España a la cabeza de Europa y en el tercer puesto mundial. Es por ello que proteger el sistema de salud es asignatura obligatoria tanto para todos los profesionales que formamos parte del mismo como para cualquier ciudadano.
Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), asociación que integra al 80 por ciento de los hospitales y centros médicos privados españoles, hemos puesto en conocimiento de las administraciones públicas española, británica y europea este fraude y su persistencia en el tiempo, desde hace ya más de tres años. Más allá del impacto económico negativo e injustificado que este abuso origina a muchos de nuestros hospitales, que por supuesto denunciamos, nuestra reclamación se extiende también al colapso que sufre el sistema sanitario público español con pacientes que, habiendo pagado una póliza privada, son redirigidos por sus aseguradoras, muchas veces bajo presiones y mentiras, a los servicios públicos. Un daño que a su vez tiene su factura económica, porque no debemos olvidar que toda asistencia sanitaria tiene un coste, y el hecho de que se realice bajo las coberturas del sistema público no significa que sea gratis. De aquí nuestra persistencia en que todos rememos en la misma dirección para poner coto a este lucro ilícito de determinadas compañías aseguradoras de Reino Unido.
Proteger nuestro sistema de salud es una prioridad para el sector y para la administración
Tras una reunión mantenida recientemente con los ministerios de Exteriores, Sanidad y Trabajo por fin hemos obtenido algo de aliento tras tres años de denuncias, aunque no el suficiente para frenar de forma definitiva este abuso. El Gobierno ha reconocido a ASPE la existencia de indicios de prácticas abusivas o fraudulentas por estas aseguradoras británicas y se ha comprometido a emprender algunas acciones. La elaboración de un cuestionario de reclamación que se entregará a los turistas ingleses afectados para remitir una copia a la red consular británica en España y dejar constancia oficial del fraude sufrido es una de ellas. El Gobierno central nos ha instado, a su vez, a dirigirnos directamente a las CCAA para poner fin a otro de los agravios comprendidos en este fraude: la identificación de los hospitales privados como el tercero obligado a asumir los costes de derivación y tratamiento de estos pacientes británicos desde la sanidad privada a la pública cuando sus seguros les presionan para que hagan uso de su TSE porque les comunican que no les van a cubrir la atención privada. Son las autoridades autonómicas en materia de Sanidad las que, según el Gobierno, deben dejar de cargar contra la sanidad privada un servicio que presta la pública en esta casuística perversa. Sin duda, los gobiernos regionales en las zonas con mayor presión – Valencia, Murcia, Andalucía, Canarias y Baleares – deben resolver esta irregularidad y deben ser parte de la solución a estas prácticas abusivas que afectan al conjunto de nuestro sistema sanitario.
Agradecemos los compromisos y el reconocimiento manifestado por los representantes del Gobierno y la Embajada británica en España, pero es hora de pasar a la acción para atajar las ilegalidades. Por el momento, la realidad es que el fraude sigue campando a sus anchas y dañando la imagen y finanzas de nuestra Sanidad hasta que todas las autoridades competentes alcancen el nivel de implicación necesario. Por nuestra parte seguiremos la hoja de ruta que nos marca el sentido común: interponer una nueva denuncia ante Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea.
Desde ASPE instamos también a las Consejerías de Sanidad de las CCAA a pasar a la acción. Está en juego la protección de nuestro sistema sanitario, por lo que emplazamos a todos a dar un paso al frente para defenderlo convenientemente y que la inoperancia ante estos abusos no gane la batalla.
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