Los tambores de guerra regresan a RTVE
A comienzos de años, la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo prometió que dejaría su cargo al frente de la corporación en cuanto se formara Gobierno. Sin duda, el bloqueo político ha facilitado que los meses pasen y que Mateo se mantenga en un cargo que tiene un carácter provisional. Cuentan que esa extensión de plazos y sobre todo el hecho de no atisbarse aún el final de la era Mateo en el ente público está llevando a sindicatos y trabajadores a movilizarse de nuevo. De hecho, amenazan con el regreso de los conocidos como viernes negros. La portavoz del Ejecutivo Isabel Celáa afirmó que estas protestas semanales, seguidas por casi toda la plantilla, ya formaban parte del pasado. Pero parece que no será así. Al menos eso es lo que anuncian en privado los agentes sociales y los trabajadores que, en breve, regresarán a las protestas para exigir una "televisión público libre y no controlada por el Gobierno, que es lo que ocurre en la actualidad con Mateo", dicen. Por lo visto, la plantilla de RTVE detuvo un tiempo sus manifestaciones por la convocatoria electoral. Pero una vez pase el 10-N todo apunta a que volverán a enfundarse las camisetas negras y a exigir la división de Mateo a la que consideran responsable del declive de la audiencia y del alineamiento de RTVE con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Fracasa la campaña de autoincumpaciones
Las asociaciones secesionistas, capitaneadas por Òmnium Cultural en este caso, lanzaron a finales de octubre una campaña que tenía por objeto colapsar la Justicia. En concreto, consistía en que los dos millones de independentistas catalanes acudieran a los juzgados para autoincumparse por haber ejercido su derecho a votar el 1-O, en protesta por la sentencia del procés. Pues bien, la campaña ha sido un completo fracaso. Así la definen en el entorno independentista al estimar que solo un millar de personas han acudido a la Justicia a presentar un documento que la propia Òmnium había preparado con anterioridad.
Revés a la jornada laboral a la carta del Gobierno
En marzo el Gobierno aprobó la llamada jornada a la carta que permite a los trabajadores solicitar modificaciones de horario para mejorar la conciliación familiar. Pues bien, la medida está sufriendo un duro revés en los juzgados, ya que son mayoría las demandas en las que los magistrados fallan a favor de las empresas. El hecho de que la normativa incluya que puede ser denegada si causa problemas a la empresa es lo que hace que no sea efectiva.