La sentencia del proceso independentista de Cataluña, difundida hace más de dos semanas, ha tenido efectos de muy distinto tipo, los más ostensibles en las calles de las principales ciudades de Cataluña en forma de disturbios provocados por el ala más radical de la corriente anti española de esa región.
Las consecuencias serán evidentes igualmente en las urnas, dada la lamentable coincidencia de la decisión del Tribunal Supremo con una cita electoral para despejar el bloqueo político en el que se encuentra atrapado el país desde la moción de censura contra el anterior gobierno. Y habrá también efectos judiciales en cascada que tienen que ver con la situación legal de las personas que huyeron al extranjero para escapar a la acción de la justicia como consecuencia de sus actos.
El más conocido de ellos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, cuya orden de entrega a España se reactiva una vez sentenciada la sedición y malversación de los que cometieron el golpe institucional de 2017, y descartado el delito de rebelión por el cual Bélgica, el paraíso legal al que huyó en el maletero de un coche, tenía dudas sobre su detención y entrega a las autoridades españolas. Una vez despejadas esas dudas por los tribunales del país que debe juzgarle, pese a los jirones de piel que eso ha dejado en muchos sectores sociales, nada parece frenar el cumplimiento de la euroorden que ha redactado el juez instructor.
Como los abogados de Puigdemont se las saben todas, han podido retrasar hasta diciembre la vista que debe analizar la petición del juzgado español y las causas por las que el reclamado se niega a volver a su país. Durante dos años, estos trámites una y mil veces repetidos, han permitido al ex presidente vivir cómodamente en una casa señorial del país centroeuropeo, pagada no se sabe con qué fondos, y dirigir desde allí media Generalitat de Cataluña, la que no ocupa Esquerra Republicana, y lo que queda de su partido político, que aunque haya que frotarse los ojos para creerlo era hasta hace pocos años Convergencia y Unió, formación hegemónica en el panorama político catalán y de enorme influencia en varias mayorías que han sostenido al gobierno central.
Pero ahora ya no hay motivo para seguir retrasando el trámite y prolongar la huida del fugado, sobre el que pesa una orden de detención inmediata en España. Ni Bélgica ni Alemania pueden ya alegar duda alguna sobre la existencia de violencia en la declaración de independencia que Puigdemont leyó en el Parlament, porque ha sido el Supremo español el que ha ratificado que no existió, y por tanto no será condenado en modo alguno por rebelión. Sí parece probable que lo sea por sedición, malversación y por la burla a los tribunales que ha supuesto su estancia de veinticuatro meses en el país que más le convenía para sus intereses de fugado.
Todo este embrollo ha derivado esta semana en una consecuencia inesperada, las prisas nerviosas e indignadas que le han entrado al gobierno español, que sigue en funciones, inexistente para tantas cosas y tan activo y visible para otras, para que Puigdemont sea entregado a la mayor brevedad. La vicepresidenta, de la que en un año y medio no se ha escuchado reclamación alguna a las autoridades belgas para que reactivaran la entrega de Puigdemont, advierte que el gobierno español no entendería que se denegara desde Bruselas la detención y traslado a Madrid del huido. ¿Qué es ahora distinto respecto al tiempo que el ejecutivo ha estado en silencio en torno a este caso?. Por supuesto, la sentencia.
Pero resulta obvio pensar que también la cercanía de las elecciones, en las que el mismo PSOE que llegó al poder con el voto de los independentistas, y pactó con ellos una mesa de partidos y un relator, ahora trata de mostrar una presunta mano dura con ellos para ganarse el favor de los más confundidos. Se desconoce cuales serán las decisiones que Carmen Calvo anuncia que tomará España contra Bélgica, tal vez retirar al embajador y abrir una crisis diplomática, tal vez menores en gravedad y alcance. Serán importantes, visto el tono de enfado con que las anunció en la radio el pasado martes.
La única ventaja es que el país señalado está todavía peor que el nuestro, con bloqueos peores y más duraderos y con una escasa capacidad de respuesta al claro oportunismo de quien le pide ahora cuentas por algo que ha ignorado demasiado tiempo.
