Telefónica abre oficialmente su batalla legal con el Estado colombiano, al ampliar el arbitraje que ya presentó en la corte de arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi).
Es un largo conflicto originado por un laudo, objeto de polémica también en Colombia, sobre las filiales de la teleco española y de la mexicana Claro, que las obliga a pagar 1.500 millones. No se puede acusar a Teléfonica de precipitarse. A diferencia de Claro, que optó desde el inicio por la vía judicial, en varias ocasiones desde 2017 tendió la mano a Bogotá para evitar un pago tan cuantioso que no sólo perjudica a la filial sino también al país, la paralizar inversiones millonarias. Sin embargo, ante la inutilidad de esos intentos, es lógico que Telefónica recurra a todos los medios para defenderse en el Ciadi.
