El borrador presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas incluye un aumento del gasto de más de 6.380 millones para el próximo año.
De esa cantidad, la mayor parte proviene del alza de los salarios a los funcionarios (hasta un máximo de 4.575 millones). A ello se suma el incremento del coste de las pensiones (1.263 millones) y el impacto de otras medidas como la ampliación del permiso de paternidad y la recuperación del subsidio del desempleo para mayores de 52 años. El problema es que este incremento del gasto es cuatro veces superior al que se obtendrá mediante el aumento previsto de los ingresos (1.451 millones). Este desfase tiene hondas implicaciones. El gasto ha subido en una magnitud que la evolución de los ingresos no puede acompasar debido a la desaceleración del PIB nacional, que es más rápida de lo previsto. Pero la vía de subir impuestos tampoco sirve para solucionar el problema. El Gobierno está ahora en funciones y no puede actuar por ese lado, como refleja el documento enviado a Bruselas en el que no aparecen las nuevas figuras impositivas que quiere crear (tasa Google, Tobin, equiparación del diésel a la gasolina, etc.). Su implantación tras el 10-N tampoco está asegurada, ya que está por verse cuál será el margen real de maniobra del Ejecutivo con unos sondeos que otorgan unas mayorías similares a las actuales. Pero, sobre todo, debe tenerse en cuenta el daño que haría a la economía esa alza de impuestos, ahora que empresas y hogares ya retraen su inversión y consumo. Por todo ello, el desfase ya reconocido constituye una amenaza real de difícil solución que puede desembocar en el resurgir del déficit público, regresando a cotas del 3 por ciento, lo que supondría un lastre para el PIB
