La sentencia del Tribunal Supremo a los acusados por el referéndum ilegal del 1-O ha cumplido la expectativa de excluir las penas por rebelión, para dar primacía a delitos de menor categoría, como sedición y malversación.
Es decir, los líderes del procés han evitado penas de hasta 25 años de cárcel, al equivaler la rebelión a un atentado contra el orden constitucional, por el máximo de 13 años al que ha sido condenado Oriol Junqueras, solo por desorden público y malversación sin un uso instrumental de la violencia. Pese a la pena más moderada era también previsible que el independentismo no mostrara el debido respeto a la decisión judicial y promoviera protestas, una vez más, para buscar la máxima repercusión internacional, que es el punto débil del procés.
El independentismo no logra colapsar Cataluña, lo que implica una buena noticia para la economía española
Como se esperaba, la conflictividad ha estado enfocada en las comunicaciones (el aeropuerto de El Prat y el AVE, principalmente), para colapsar el transporte y la logística y dañar especialmente a la industria y a la gran distribución. Debe destacarse que pese a la existencia de protestas ese propósito no se ha cumplido plenamente, lo que tiene un importante alcance ya que refleja menor capacidad de movilización del movimiento independentista. No obstante, sería prematuro dar por cerrada la tensión, ya que al procés le interesa seguir manteniendo el pulso. Pero, como mínimo se ha evitado el llamado "paro país" que habría sido perjudicial para la actividad empresarial y habría hecho replantear inversiones, además de impulsar el traslado de centros de producción. Dicho escenario hubiera sido muy negativo para Cataluña y el conjunto de España, que afronta una desaceleración más rápida de lo esperada. Por tanto, el hecho de que el independentismo no haya logrado parar Cataluña tras el fallo del 1-O supone una buena noticia para el país.
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