El Supremo zanjará el litigio entre Abertis y el Estado a favor de éste, al considerar que la concesionaria no tiene derecho a los 4.695 millones que reclamaba por sus inversiones en la AP-7.
Es un resultado previsto, que no solo liberará al Gobierno de un alto pago, que obligaba a relicitar la autopista, sino que impulsa su plan de reducir los kilómetros de vías de peaje, especialmente en Cataluña (donde está la AP-7). Existe una discriminación entre esa autonomía y el resto de España que debe compensarse.
Ahora bien, la búsqueda de un modelo más equitativo merece aplaudirse siempre que haya alternativas que garanticen unos mínimos ingresos, como la euroviñeta (la tasa al tráfico pesado) o el modelo alemán, que combina los pagos con bonificaciones para los residentes.