Al contrario de lo que Hacienda afirmaba antes del nuevo adelanto electoral, sí que existe margen legal para que un Gobierno en funciones libere las entregas a cuenta pendientes con las autonomías este año. El informe de la Abogacía del Estado, que el propio Ministerio solicitó y al que ha tenido acceso elEconomista, deja claro que, aunque reconoce las dificultades, si se alega una situación de especial "urgencia" o de "interés general", es posible recurrir a un decreto-ley para que las cantidades adeudadas se puedan desembolsar.
En cuanto al cálculo de estas últimas tampoco plantea un verdadero problema, pese a lo que el Gobierno defendía escudándose en la ausencia de nuevos Presupuestos. El anteproyecto de Ley de las Cuentas de 2019, disponible desde antes de las elecciones generales de abril, es suficiente para hacer ese cómputo. Es más, también pueden estimarse las entregas a cuenta de 2020, pese a que ni siquiera se aprobó el techo de gasto presupuestario de ese ejercicio.
Liberar las entregas en cuenta no era imposible, pese a que Hacienda así lo defendió ante del adelanto electoral
En tal escenario, resulta llamativo que Hacienda sostuviera la imposibilidad de hacer los pagos hasta muy poco antes de la convocatoria electoral y prefiriera barajar soluciones mucho más cuestionables, como una especie de tregua en los objetivos de déficit autonómicos de este año. La liberación de los desembolsos, sin embargo, nunca fue imposible y es muy factible que se usara como arma de presión en las negociaciones sobre la investidura.
