El Ministerio de Trabajo puso en marcha recientemente dos nuevo planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial. Tendrán un alcance especialmente amplio, ya que el Gobierno prevé el envío de 85.000 cartas a empresas sospechosas, un cuatro por ciento más que en 2018, y empleará a más de 2.000 inspectores, la plantilla más amplia movilizada para este fin en la historia reciente.
En paralelo, habrá también un endurecimiento de las leyes previstas para este problema y más inversión en medios informáticos de rastreo. Sin duda, debe aplaudirse que los abusos laborales sean combatidos con toda contundencia. La Seguridad Social no puede permitirse unas prácticas fraudulentas como éstas, especialmente en un momento como el actual en el que su déficit rebasa el uno por ciento del PIB.
El fraude laboral debe combatirse con contundencia, pero sin olvidar que la mayoría de los empresarios cumple la ley
Pero, sobre todo, resulta intolerable que existan trabajadores sometidos a estas formas de explotación. Sin embargo, la puesta en marcha de campañas de una índole así debería acompañarse de la aclaración de que este tipo de abusos constituye una excepción en el mercado laboral español. La inmensa mayoría de los empresarios respeta con rigor la normativa vigente. Para ello, debe demandarse que la labor de la inspección de trabajo y sus resultados se traten con la misma discreción y confidencialidad que es propia de ámbitos semejantes, como la investigación sobre posibles incumplimientos fiscales. En paralelo, la presión para obtener información de las empresas debe ser proporcional a la magnitud real del problema, con plazos y exigencias razonables en los requerimientos de datos. No se trata con todo ello de disfrazar ninguna realidad, sino de evitar una criminalización injusta de la clase empresarial.
