La falta de acuerdo entre los principales líderes políticos de cara a la gobernabilidad de España nos aboca a unas nuevas elecciones que no harán sino perpetuar una inestabilidad que también tiene sus efectos en todo lo concerniente a la contratación pública. El Rey ha constatado que ninguno de los candidatos reunía los apoyos suficientes como para fructificar una investidura. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, carga contra sus rivales mientras estos lo hacen contra él. Lo único cierto es que el próximo 10 de noviembre los españoles tienen otra cita con las urnas, la cuarta desde 2015, que se dice pronto.
Una certeza que paraliza, cuando no retrasa, cualquier reforma pendiente de ejecutar. Y aunque respecto a la contratación pública todavía no podemos hablar de parálisis, sí podemos afirmar que existe una incertidumbre que ha venido para quedarse, sumiendo en una preocupante crisis a un sector tan estratégico para la economía española.
La dificultad en la formación de Gobierno ahuyenta a los interesados en nuevos proyectos
Los contratos públicos mueven en España unos 200.000 millones. Es decir, representan en torno al 20 por ciento del PIB. Y pese a que la Ley de Contratos del Sector Público permite a las pymes competir de tú a tú con las grandes empresas -repartiéndose el pastel cada día entre más porciones-, en nuestro país sobrevuela un "no saber" que viene de la mano de una incertidumbre abonada en España tras el fracaso del Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, viéndose agravada por la irrupción de las nuevas formaciones políticas, que obligaban a llegar a acuerdos para sacar las medidas adelante.
El tablero cambió. Mu-chos "reyes" fueron convertidos en "peones", y viceversa, y los partidos demostraron no estar preparados para disputar una partida cuyas reglas nada tenían que ver con las de antes. Sin embargo, el aterrizaje de Sánchez en La Moncloa infundió un relativo optimismo en esta área, como consecuencia del despegue en un 60 por ciento de la contratación durante 2018 en ministerios como el de Fomento. Un incremento que parecía poner fin al parón que se produjo durante los ejercicios anteriores.
No obstante, el semáforo se ha vuelto a poner en rojo. La repetición de elecciones y la poca esperanza de que los próximos comicios permitan la formación de un Gobierno estable ahuyentarán a muchos interesados en emprender nuevos proyectos de infraestructuras, por ejemplo, dadas las incógnitas, incertidumbres y sucesivas prórrogas presupuestarias.
El bloqueo impide reformar el obsoleto modelo de financiación autonómica
Lo más preocupante es que este impasse político afecta a los empresarios. Y es que no solo se trata de contratar a firmas privadas a través de la contratación pública, sino que con ello se generan millones de empleos, de los que España no va sobrada. Por ello, no se puede permitir que una cuestión de índole estrictamente política pueda terminar asfixiando al tejido empresarial.
Actualmente, las administraciones, tanto locales como autonómicas, están supliendo esta incertidumbre con una absoluta capacidad para gestionar los recursos. Pero este bloqueo parlamentario impide reformar el ya obsoleto modelo de financiación y corta el grifo a las comunidades, responsables de sostener los principales pilares de nuestro Estado del Bienestar -como Educación, Sanidad o Dependencia, por ejemplo- y de sacar a la luz contratos públicos que, debido a esta situación, ahora permanecen en la sombra.
La solución pasa por salvar el sistema de financiación de las comunidades y por establecer unas reglas de juego iguales para todos. España se encuentra a las puertas, si no ha entrado ya, de una fase de desaceleración, que encara con unos desbocados niveles de deuda y un panorama político un tanto desalentador. El dinero es miedoso, por naturaleza, y esta cerrazón de los políticos para acordar y pactar no aporta calma ni tranquilidad.
En este sentido, reformar el modelo de financiación autonómica dará la estabilidad necesaria a las pymes y a los inversores extranjeros, que ahora huyen de otros países a causa del Brexit o de las tensiones comerciales entre EEUU y China y a los que nosotros deberíamos abrir los brazos para recibirlos sumidos en una estabilidad de la que carecemos.
Las empresas que quieran potenciar sus ventas al sector público, al margen de asegurarse de ser solventes desde un punto de vista técnico y de personal, tienen que contar con un canal de ventas sólido, estable y permanente, y centrar todos los esfuerzos en este objetivo. Además, deben tener clara la estrategia de negocio, definiendo a qué tipo de licitaciones se van a presentar, si lo hacen solas o junto a un socio local o una subcontrata. Pero, sobre todo, necesitan políticos con altura de miras y sentido de Estado. Hay mucho dinero en juego.
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