Las dificultades que el bloqueo de las entregas a cuenta plantean a las autonomías lleva a Hacienda a matizar su postura sobre la ley que regula estos desembolsos. Si en agosto evitaba incluso el debate sobre posibles cambios, para esquivar parálisis como la ahora vigente, el Ministerio sí que plantea en este momento la posibilidad de que las entregas se desvinculen de la aprobación de los Presupuestos.
Es un significativo cambio de actitud del Gobierno, pero que apenas puede tener efectos prácticos en el corto plazo. La modificación legal que se baraja tiene un alcance muy amplio, en la medida en que su intención es blindar, contra situaciones de interinidad institucional (como la actual), todos los pagos que el Estado pueda hacer a las autonomías. En otras palabras, el verdadero objetivo es que la financiación autonómica en su conjunto deje de estar sujeta a la aprobación anual de las cuentas estatales. Una iniciativa así requiere que un Gobierno con plenos poderes la proponga en el Parlamento, donde debe debatirse y aprobarse.
La desvinculación las entregas a cuenta de los Presupuestos se relaciona con la reforma del sistema de financiación
Es más, debería enmarcarse en el proyecto más amplio de convocar el Consejo de Política Fiscal con las autonomías para reformar el sistema de financiación de este nivel de la Administración, pendiente desde 2016. Incluso el propio Ejecutivo recuerda que esa opción se encuentra muy lejos de sus posibilidades, mientras se halle en funciones. Por tanto, la desvinculación de los pagos del Estado con respecto a los Presupuestos no constituye una solución ahora factible. A corto plazo, la única salida sigue siendo el respeto a las limitaciones de la ley aún vigente, que obliga a esperar a la formación de un Gobierno con plenas funciones y a las autonomías a respetar los límites de déficit.
