No deja de ser sorprendente que personalidades relevantes de la escena pública, algunas en el ejercicio de responsabilidades políticas del máximo nivel, manifiesten un escaso interés por los asuntos medioambientales, tan escaso que incluso en ocasiones las hayamos escuchado poner en duda las evidencias del cambio climático.
Por lo visto, ignoran que no estamos ante un asunto de opinión, sino ante un hecho científicamente comprobado, sobre el cual existe práctica unanimidad de toda la comunidad científica a nivel mundial. Esta nos viene advirtiendo desde hace ya muchos años de los riesgos para la salud de las personas, derivadas de la contaminación ambiental, de desastres ecológicos a gran escala (como el que se está perpetrando ya con la contaminación de los océanos), o de profundas crisis económicas que afectarán a países y regiones enteras.
Si esta es la actitud que percibimos a nivel macro, en plano más cercano, el representado por las ciudades, las cosas no son muy diferentes a pesar constituir éstas un reto creciente para la gestión medioambiental del planeta. Actualmente, existen más de 50 ciudades en el mundo con más de 10 millones de habitantes, y según las previsiones de la ONU, en 2050, dos tercios de la población mundial vivirá en urbes cuyas dimensiones serán colosales.
Sin duda, esta alta densidad generará un gran impacto ambiental, como recordaba no hace tanto Fernando Doncel en la Revista Técnica Industrial. Entre otras razones, porque la contaminación producida por los edificios es ya mayor que la generada por la industria o los automóviles, al tiempo que se prevé una aciaga estadística: en 2050 serán casi 6 millones al año las muertes por causa de la contaminación. Estamos, pues, ante un problema de dimensiones descomunales y con tentáculos a amplias regiones del planeta y ámbitos muy diversos.
En este contexto, las ciudades se enfrentan a escenarios altamente complejos que representan, la mayor parte de las veces, desafíos de enorme magnitud para los políticos que asumen su gestión. Nos referimos, por ejemplo, al reto de administrar ciudades cada vez más densas y compactas, con economías sustentadas en el consumo y el turismo y que son generadoras de ingentes cantidades de residuos. Y a lo que se suma la gestión del agua en unas condiciones de higiene y salubridad. Todo ello, tanto la gestión del agua como la de los residuos, tiene un impacto brutal en economías de países emergentes como China e India.
La economía colaborativa ya va calando en la cultura de los ciudadanos, cambiando sus hábitos
La buena noticia que podemos oponer a este estado de cosas proviene del ámbito tecnológico. Del mismo modo que la economía colaborativa va calando en la cultura de los ciudadanos en el campo de la movilidad, con una oferta cada vez más extensa de vehículos eléctricos compartidos, la gestión de residuos ha trascendido ya viejos modelos que llevan siglos vigentes en nuestras ciudades. Son propuestas como la que representan los sistemas neumáticos, que emplean redes subterráneas para su transporte, y homologan en consecuencia este servicio con el de abastecimientos de otros recursos básicos, como la electricidad, el gas o el agua. El modelo está testado desde hace más de medio siglo y forma parte de las infraestructuras de algunas de las ciudades más desarrolladas del mundo. Y tenemos también buen ejemplo de su operativa en España.
Por tanto, si contamos con un diagnóstico certero por parte de la clase científica acerca de lo que nos jugamos con el deterioro ambiental del planeta, a lo que se une un estado de la tecnología que nos permite gestionar eficientemente los recursos y la prestación de los servicios públicos, nada debería impedirnos comenzar a planificar la actividad en nuestras ciudades con un criterio de sostenibilidad. Y sin embargo, esos obstáculos o barreras continúan existiendo. Vemos que se opone a ese deseable cambio de actitud la mentalidad cerril que observamos en muchos ciudadanos e incluso en algunos responsables públicos, que deberían estar llamados a dar ejemplo con la mesura y ponderación en sus opiniones y actuaciones.
Conocemos el problema y tenemos los medios necesarios, solo falta concienciarnos
En consecuencia, si el principal obstáculo para avanzar hacia una sociedad sensible y respetuosa con el medio ambiente es un déficit de educación cívica, abordemos el problema desde su raíz. Apostemos por una política de Estado que sitúe la formación para la sostenibilidad en las aulas desde estadios bien tempranos de la educación. No estamos solo ante una cuestión de cumplimiento normativo, sino ante una cuestión que exige del convencimiento sincero de toda la sociedad. De no hacerlo así, es previsible que sigamos escuchando opiniones y veamos tomar decisiones basadas en la inercia (porque siempre las cosas se hicieron así), en la ignorancia o en la falta de visión en el largo plazo.
Es cierto que el nivel de desarrollo en el mundo no es homogéneo, y que todavía deberá pasar tiempo y se necesitarán recursos económicos para llevar a extensas áreas de población recursos tan básicos como el agua potable. Sin embargo, es en los países desarrollados, donde contamos con altos estándares de exigencia y control en múltiples aspectos de la vida cotidiana, donde no podemos permitirnos distraernos del objetivo de preservar un entorno limpio y sano para las generaciones actuales y las venideras. Conocemos el problema, contamos con la tecnología necesaria, solo resta concienciarnos de que la sostenibilidad no es una opción.
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