Se cumplen dos años de la resolución del Banco Popular ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR) y su posterior adjudicación al Banco Santander por 1 euro. Las consecuencias de esta decisión son bien conocidas: desaparición de un banco solvente y la ruina de más de 300.000 accionistas, que vieron cómo su inversión se esfumó de la noche a la mañana.
Transcurrido este periodo, el caso Banco Popular sigue rodeado de dudas, sombras e incógnitas. Sin embargo, a pesar de todo ello, se pueden señalar dos grandes certezas y evidencias.
La primera gran certeza es la falta absoluta de transparencia, una deliberada ausencia de información, fenómeno realmente insólito en el mundo del Derecho mercantil. Desde el momento en el que se ejecutó la decisión de la JUR, el 7 de junio de 2017, las instituciones involucradas se han negado reiteradamente a compartir los informes completos y otros documentos que soporten y/o justifiquen su decisión, a pesar de los numerosos intentos de acceder a ellos por parte de los afectados.
Todavía hoy se desconoce la base técnica sobre la que se decidió la resolución del Banco Popular, así como el famoso informe de valoración de Deloitte. Sólo han visto la luz versiones censuradas de los mismos, de escaso valor para conocer los hechos en su totalidad.
Las explicaciones dadas por los custodios de dichos informes para mantener su confidencialidad (riesgo para el interés general en el caso de la JUR y riesgo comercial en el caso del Banco Santander) son insostenibles y dejan a los afectados en la más absoluta indefensión.
La segunda gran certeza es que el Banco Popular era solvente hasta el mismo momento de su resolución, tal y como queda confirmado en el informe realizado por los peritos del Banco de España, publicado por varios medios informativos en abril de 2019.
Según dicho informe, "a diciembre de 2016, el patrimonio neto del Banco Popular era de 11.088 M€ y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 M€, además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios".
Dicho informe pericial determina que la principal causa de la crisis del Banco fue la fuga de depósitos producida durante el segundo trimestre de 2017. El informe también confirma que las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los responsables de la JUR en mayo de ese año tuvieron un rol importante en causar la hemorragia. La fuga de depósitos continuó, incluso instituciones vinculadas al Gobierno español se sumaron a retirar sus fondos del banco.
Es decir, Banco Popular padeció una crisis de liquidez, no de solvencia. Sin embargo, y a pesar de contar con las garantías suficientes, el Banco Popular no pudo acceder a la liquidez de emergencia (ELA) ni a otros mecanismos de asistencia que hubieran permitido la continuidad de sus operaciones y haber ganado un tiempo clave para acometer las medidas ya encaminadas justamente a la estabilización y capitalización del banco, incluyendo una ampliación de capital que contaba ya con el respaldo de sus principales accionistas, así como de importantes bancos de inversión internacionales, como posteriormente se ha sabido.
Han pasado dos años y los hechos conocidos hasta ahora permiten asegurar que la resolución del Banco Popular fue injustificada y nunca debió llevarse a cabo. Han sido dos años de una oscuridad incomprensible para un caso de esta magnitud y relevancia. Confiemos en que esta oscuridad se convierta en transparencia. Don Quijote lo dijo bien claro: "después de las tinieblas espero la luz".
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