El Gobierno andaluz reclama la intervención de la Agencia Tributaria de esta autonomía para rastrear más de 4.600 millones que el equipo de la expresidenta Susana Díaz dejó pendientes de cobro.
No se puede hablar de ineficacia a la hora de cobrar un determinado gravamen, sino de un descontrol general en la política recaudatoria. No en vano, prácticamente todas las figuras tributarias de competencia autonómica se ven afectadas, desde el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados hasta las multas. Se trata de una situación grave en cualquier Administración, pero lo es más en un territorio como Andalucía que acumuló durante años importantes déficit y que entre 2011 y 2018 ha sido una de las autonomías que más recursos necesitó del FLA.
