Si quieren crear empleo fijo, que no suban las cotizaciones

El Gobierno da marcha atás de sus princpales reformas. Ocurrió hace unas semanas con la Ley de Vivienda y luego con el decretazo eléctrico y ahora vuelve a pasar con la reforma laboral. Este es un Gobierno en el que Podemos marca la política económica y que sólo acierta cuando rectifica. Lo malo es que el coste para las empresas en términos de desconfianza y seguridad jurídica es muy alto.

La primera rectificación se produjo en la vivienda. Desde Podemos están empeñados en provocar una redistribución de las rentas por decreto-ley. Utilizan que la vivienda es un derecho reconocido en la Carta Magna, para atacar cualquier operación especulativa con inmuebles, sobre todo el alquiler.

Establecer unos topes a los precios de los alquileres chocaba con la legislación vigente, por lo que reconocieron esta potestad a las comunidades autónomas y dentro de ellas a las corporaciones municipales y aceptaron un plazo de 18 meses para la entrada en vigor de la normativa. El resultado es un galimatías en el que no se conoce bien cuál es el criterio para fijar los precios máximos de los alquileres ni tampoco para esclarecer qué zonas están tensionadas y son candidatas a aplicar estos topes. Lo mismo ocurre con las viviendas vacías, a las que se le quiere aplicar una recarga en el IBI del 150 por ciento.

La consecuencia es una incertidumbre regulatoria que frena las inversiones inmobiliarias y provoca que fondos o propietarios con más de diez inmuebles los acaben poniendo a la venta.

La segunda marcha atrás fue el decretazo destinado a confiscar el beneficio extraordinario de las eléctricas con consecuencias nefastas, porque no sólo está provocando paralizaciones o retrasos en las inversiones en renovables ya decididas, sino la quiebra de pequeñas comercializadoras de electricidad.

Sánchez rectifica sus tres grandes reformas (vivienda, luz y empleo) y crea gran incertidumbre

Desde Podemos se culpó a las eléctricas de la subida de la luz y Sánchez, que comparte muchos de sus principios populistas, no tuvo remilgos en aprobar el citado decreto para su escarnio público con alevosía y nocturnidad. Los presidentes de las principales compañías fueron puestos sobre aviso la tarde anterior.

Cuando Bruselas advirtió de que era contrario al derecho comunitario y, sobre todo, cuando la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, comprobó que iba a provocar un efecto perverso, porque las eléctricas empezaron a romper contratos a plazo y a cargar a las empresas el recargo aplicado por el Gobierno, no tuvo más remedio que rectificarlo.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo se calculará en el futuro la tarifa, mientras que las subastas de energía primaria que anunció para beneficiar a la industria con precios a 60 euros el kilowatio siguen en el limbo. Hasta la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, encargada de aplicar los recargos reconoció que aún desconoce cómo hacerlo. El problema es de nuevo la incertidumbre que genera en el sector.

Sánchez es como un tiovivo, sube y baja constantemente y provoca una especie de mareo a su alrededor, porque ya nadie sabe qué quiere o hacia donde va.

El tercer campo de batalla está en la reforma laboral. Después de que el propio presidente anunció a bombo y platillo en el 40 Congreso del PSOE que iba a derogarla, ahora va tener que comerse sus propias palabras. Lo hizo, probablemente, para enardecer a los militantes de su partido y contentar a la vicepresidenta Yolanda Díaz, con la que se había comprometido en el pacto de la coalición de Gobierno.

Las patronales piden a Garamendi que sea inflexible y no ceda en los convenios colectivos

Pero una vez más se dio de bruces con la realidad, porque no contaba con la opinión de Bruselas ni de la gran patronal, con la que está obligado a pactar si quiere recibir la segunda tanda de los fondos Next Generation.

Díaz se dispone a renunciar al límite del 15 en los contratos temporales de las plantillas, pero no está clara que haga lo mismo en la prevalencia de los convenios colectivos sobre los de empresas, la segunda de las líneas rojas puestas por Garamendi.

La tentación de la CEOE a aceptar la propuesta de Díaz es elevada, ya que al igual que los sindicatos, ganarían poder en la negociación colectiva. Algunas organizaciones empresariales temen que Garamendi acabe cediendo y le piden que sea inflexible, de manera que las empresas mantengan la cláusula de descuelgue, que les permite acordar condiciones para su plantilla al margen del resto de su sector.

El mayor riesgo que corre en estos momentos la economía de descarrilar es que la inflación, que está en tasas históricas del 5 por ciento, se traslade a los salarios, que suben de media el 1,4 por ciento. La derogación de de los convenios de empresa abriría la puerta a alzas salariales que se acercaran al porcentaje disparatado de los precios al consumo. El mismo pecado que ya cometió el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con las pensiones, que las convierte en insostenibles a medio ó largo plazo.

Pero aún existen otros dos puntos calientes, que Calviño dejó caer en la cumbre del G20 celebrada en Roma cuando enumeró los cuatro pilares de la contrareforma laboral que prepara del Gobierno. Uno de ellos se refiere a la reforma de los Expedientes de Regulación de Empleo (Ertes), un mecanismo que amortiguó el golpe de la pandemia sobre muchas empresas y familias. Su prórroga de manera indefinida en las condiciones actuales conllevaría también la imposibilidad de despedir, lo que eliminaría una de las armas esenciales de las empresas para hacer frente a las crisis.

La otra batalla por dar es la de las subcontratas, el cuarto de los puntos conflictivos enunciados por Calviño.

Además de las tres meteduras de pata de Sánchez, en las que tuvo que dar marcha atrás, hay una cuarta, que hemos mencionado en numerosas ocasiones: el acuerdo en el seno del Pacto de Toledo para que las pensiones suban igual que la inflación, en lugar de tener en cuenta factores como la competitividad ó el crecimiento de la economía, a semejanza de otros países.

El coste adicional en la próxima década para la Seguridad Social, estimado en unos 60.000 millones, es tan enorme, que ni siquiera un alza de medio punto en las cotizaciones sociales, como la que propone Escriva servirá para paliar el problema de financiación. Ya se imaginan cual es la solución que prepara el Gobierno: una subida generalizada de impuestos, que empezará por las clases más altas.

Sánchez está tirando la casa por la ventana con gastos que no podemos permitirnos pagar, con único fin: revalidar su mandato para una nueva legislatura el año que viene.

Curiosamente, la nueva la Ley de Vivienda, el alza de las cotizaciones o de los impuestos no entrarán en vigor hasta 2023, el ejercicio en que ya habrá gastado la mayor parte de los fondos de recuperación europeos y en que Bruselas exigirá volver a la senda de reducción del déficit público. Concurrir a las urnas a la par que incrementa los impuestos sería suicida.

Europa solicita el mantenimiento de la flexibilidad laboral y la lucha contra la temporalidad, términos muy laxos en los que cabe una derogación casi total de la reforma de 2012. De la firmeza de la CEOE y de la cintura de su presidente para mantener las normas actuales en la negociación, aún a costa de no salir en la foto, depende el futuro de millones de empresas. Garamendi debe ser tajante en la defensa de los convenios de empresa y en que no se encarezca el coste del despido ó se prohíba cuando una empresa se acoja a un Erte.

La fórmula para bajar la temporalidad es bien conocida por todos y está muy alejada de lo que propone Díaz: sería reducir el coste del despido. Esta es la principal causa de la resistencia de los empresarios a convertir en fijos a sus trabajadores. Un tema tabú en estas conversaciones.

Por contra, incrementar las cotizaciones sociales cómo propone el Gobierno, ya sea en el tramo que paga la empresa ó el trabajador, será un nuevo handicap para crear empleo fijo. Todo lo contrario de las recomendaciones de Bruselas.