Los nueve años de prisión para 'La Manada' han levantado ampollas. A la ola de protestas por toda España rechazando que los hechos por los que se juzgó a los cinco miembros del grupo sean simplemente abuso sexual se suman otros datos que harán que la espera de los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) -también el de la Fiscalía de Navarra- se haga larga. Si se agotan los plazos, podrán pasar cuatro meses hasta que se dicte una nueva sentencia, que de no convencer, será recurrible de nuevo antes de ser firme, entonces ante el Tribunal Supremo.
En ese tiempo, y con los casi dos años que llevan los condenados en prisión preventiva, destaca la situación de dos de ellos. De los cinco implicados en el abuso sexual a una joven de 18 años en un portal, uno es militar y otro guardia civil y hasta que no haya sentencia en firme ambos (de 29 años) seguirán percibiendo el 75% del sueldo básico que les corresponde mientras sigan suspendidos en sus funciones.
Se prevé que con la sentencia definitiva ambos sean cesados de sus respectivos cuerpos por delito doloso pero de momento, la situación de suspensión es la que marcan las leyes bajo las que se rigen sus cargos.
Alfonso Jesús Cabezuelo, efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra en situación de suspensión de funciones y cesado en su destino (Sevilla) en cumplimiento del artículo 111 de la ley 39/2007 de la Carrera Militar (.pdf). Cabezuelo ingresó en la cárcel de Alcalá Meco (Madrid) tras ser detenido en cumplimiento de la prisión preventiva. Esa ley establece que "el tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones no será computable como tiempo de servicios ni a efectos de trienios y derechos pasivos", además de que queda anulada cualquier posibilidad de ascenso. Desde Defensa confirman a EcoDiario.es que "en tanto en cuanto no exista sentencia firme, continuará en esta misma situación. Llegado el momento de que la sentencia sea firme, se procederá a la resolución del compromiso por condena por delito doloso".
La situación de Antonio Manuel Guerrero, guardia civil en prácticas, es idéntica, según confirma el Ministerio a este medio. Cumplidos los casi dos años de prisión preventiva en la cárcel de Alcalá Meco, Guerrero también en suspensión de funciones desde el 16 de julio de 2016. Cuando haya sentencia en firme, se prevé que sea expulsado del cuerpo en aplicación de la Ley Orgánica 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil (.pdf) pero hasta entonces percibirá también el 75% de sus retribuciones básicas. Guerrero, además de los nueve años por abuso sexual, ha sido condenado por un delito leve de hurto a dos meses de multa en concepto de 15 euros diarios a la víctima. Él mismo reconoció en el juicio haber quitado el móvil a la joven antes de dejarla en el portal.
Esta situación no es nueva para el guardia civil, que ya fue suspendido de empleo y sueldo en aplicación de un expediente disciplinario tras ser detenido por participar en una agresión grupal.
Además de la ausencia de violencia e intimidación que esgrime la sentencia para rechazar los más de 20 años que pedían Fiscalía y acusación, esta situación de Cabezuelo y Guerrero también ha indignado.
Pozoblanco, pendiente de juicio
Los otros tres condenados de 'La Manada', nombre del grupo de Whatsapp a través del que se comunicaban con otros jóvenes no implicados en este caso, son José Ángel Prenda (28 años), Jesús Escudero (27) y Ángel Boza (26) que han pasado la prisión preventiva en la cárcel de Pamplona.
'La Manada' tiene pendiente otro juicio por presunta agresión sexual a una joven de 21 años en Pozoblanco (Córdoba) que habría ocurrido también en 2016 dos meses antes de San Fermín y fue precisamente por el caso de Pamplona por el que se inició esta segunda investigación al grupo de amigos, al aparecer en el móvil de uno de ellos una grabación con otra chica. El juicio se espera para finales de año.
