El Ministerio de Sanidad medita levantar el veto que impuso ya hace casi dos años -en la época de Ana Mato- a Varivax, la vacuna de la varicela de la farmacéutica Sanofi Pasteur MSD.
Desde junio de 2013, esta vacuna, la única disponible para evita el contagio, no se puede comercializar en las farmacias y sólo está disponible para casos excepcionales en los centros hospitalarios.
Sin embargo, muchos padres, -aconsejados por sus pediatras, que sí recomiendan su uso- siguen acudiendo desde entonces a farmacias de Portugal y Andorra, donde si está disponible, para comprar la vacuna, que cuesta unos 70 euros cada una de las dos dosis que debe administrarse.
Hay que recordar que la vacuna no se retiró de las farmacias por motivos de seguridad o eficacia, sino porque técnicos del Ministerio apoyan la corriente científica que defiende que es mejor, a largo plazo, que los niños pasen la enfermedad.
Ahora, 20 meses después de aquella decisión, y con las elecciones autonómicas a la vista, varias Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla y León, Madrid, Valencia y Canarias han pedido al nuevo ministro Alfonso Alonso que reconsidere este veto ante la presión que están recibiendo de muchos padres en sus autonomías.
Prueba de ello es la recogida de firmas abierta en la plataforma Change.org de una madre y pediatra madrileña en contra del veto, que ha recibido ya la adhesión de más de 100.000 personas. Además, la vuelta a las farmacias del producto no supondría ningún gasto extra para los Ejecutivos regionales, ya que son los padres los que pagan íntegra la vacuna, al no estar incluida en el calendario vacunal que financia el Estado.
"Una situación extraña"
El propio ministro Alfonso Alonso reconoció recientemente en una entrevista que la situación creada en España con esta vacuna era "un tanto extraña", ya que otros muchos países europeos sí venden esta vacuna en las oficinas de farmacia.
Otro paso adelante para la vuelta de la vacuna a las farmacias ha sido la reunión mantenida este martes entre representantes del Ministerio y de la Asociación Española de Pediatría en el que trataron este asunto, tras dos años sin reuniones oficiales sobre el asunto.
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