El presidente de Escal UGS (participada por ACS en un 66,67% y la canadiense CLP en un 33,33%), la empresa que gestiona el proyecto de almacenamiento de gas natural frente a las costas de Castellón, Recaredo del Potro, ha reconocido que "efectivamente" este tipo de operaciones provocan microseísmos que la empresa preveía, pero que los temblores actuales que son mayores de los esperados. La Diputación de Castellón denunciará a los exministros socialistas responsables de la tramitación del Proyecto Castor. Soria ve relación directa entre los seísmos de Castellón y el 'proyecto Castor'
Por ello, en declaraciones a la cadena Ser, ha explicado que la empresa colocó dos sismógrafos ultrasensibles para detectar microseísmos "como se producen en otros tantos cientos de instalaciones de este tipo".
Sin embargo, ha reconocido que los temblores actuales son de "una magnitud superior a cualquiera esperada" y ha defendido que los sismógrafos de la empresa son los que sirven para detectar estos movimientos telúricos, porque estaban preparados para detectar cualquier tipo de vibraciones que no tienen nada que ver con las que están ocurriendo -en relación con la magnitud-.
Del Potro ha insistido en que en estos proyecto son "normales" temblores de una magnitud 1 o 2 en la escala Richter.
Ante esta actividad sísmica, ha asegurado que se está investigando con "los medios más avanzados en cooperación inmediata" con la red nacional de alerta sísmica del Instituto Geográfico Nacional, con el Instituto Geológico y con instituciones de las más prestigiosas de Europa para tratar de determinar cuál es el origen preciso del fenómeno y que espera que el informe esté terminado aproximadamente en una semana.
Actividad paralizada desde el 16 de septiembre
Además, ha confirmado que la actividad en Castor está paralizada desde el 16 de septiembre, cuando se terminó la operación de inyección de gas.
En este contexto, ha explicado que el proyecto consiste en utilizar una antigua estructura sobre un campo que albergó petróleo hace millones de años.
Ese petróleo que estuvo contenido durante miles de años sin escaparse se extrajo en los años 70. Posteriormente, ese área con petróleo fue ocupada por agua del subsuelo hasta el momento en que la empresa ha desplazado "un poco" el agua con poca cantidad de gas para acomodar gas natural en el mismo lugar donde estuvo antes el petróleo.
Respecto al personal, ha indicado que en la plataforma había este miércoles unas 45 personas: "El personal está a bordo para garantizar la seguridad en la instalación", ha agregado.
En este contexto, ha confirmado que como presidente de la empresa está en contacto "todos los días y a todas horas" con los alcaldes, con la subdelegación del Gobierno, con la Comunidad Valenciana, con el ministerio de Industria, con el Instituto Geográfico Nacional.
En cuanto a la sismicidad del Golfo de Valencia, ha dicho que algunas fallas de la zona actúan con un periodo de recurrencia de 50.000 años y ha dicho que, pese a los sismógrafos, es "absolutamente imposible de predecir qué día va a ocurrir, el mes y el año". "Se sabe que, de media, en esa zona, las fallas se mueven cada 50.000 años. Son movimientos de la naturaleza. Son como la erupción de un volcán. Movimientos de una fuerza infinitamente superior a lo que pueda controlar el hombre", ha concluido.
Además, la planta se sitúa sobre una falla activa de 50 kilómetros, por lo que podría producirse un terremoto de hasta 7'1 grados de intensidad, según el IGME.
Denuncia de la Diputación
El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Molinero, ha anunciado este jueves que la corporación provincial emprenderá acciones legales "contra los exministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010". Moliner ha apuntado a Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto.
La Diputación ha subrayado que el informe de impacto ambiental "no tenía ningún condicionamiento sobre problemas sísmicos", según ha apuntado en un comunicado. El presidente de la corporación ha asegurado que la obligación es "estar al lado de los vecinos de los municipios afectados por los seísmos, especialmente si la situación de tensión que están viviendo es fruto de la negligencia del Gobierno que impulsó y autorizó este proyecto".
20 seísmos el jueves...