Lo dijo ayer su consejero delegado, Silvio González: "Antena 3 no renovará los derechos de la F1 y del fútbol en abierto salvo un cambio significativo en el precio". Como agente fuerte en la absorción de La Sexta, y tras la asunción de una deuda de más de 100 millones, Antena 3 sólo piensa en sacar la máxima rentabilidad a sus activos. González duda de que ambos eventos puedan llegar a ser verdaderamente rentables. Se confirman así los rumores de que Antena 3 pasaría a ser poseedor de los derechos deportivos pertencientes a La Sexta.
La no renovación de los derechos de retransmisión de estas competiciones por parte de Antena 3 pondría en serio peligro su emisión en abierto. En un panorama televisivo en el que, después de las operaciones de absorción, sólo tres operadores en abierto (TVE, Mediaset, y A3-La Sexta) tienen la capacidad de invertir grandes cantidades de dinero para conseguir los derechos de grandes eventos deportivos, cada vez se hace más complicado la cobertura de estos acontecimientos de interés general.
Si la recién formada dupla de operadores decidiera finalmente deshacerse de los derechos del fútbol y la F1, sólo Mediaset y la televisión estatal pública podrían coger su relevo. Pero los efectos de la crisis económica, que conlleva inevitablemente una crisis en la demanda de espacio publicitario, lleva a ambos operadores a controlar este tipo de gastos.
Además, el operador que dirige Paolo Vasile ya cuenta con los derechos del Mundial de motociclismo, por lo que, a pesar de que se trata de un producto "extremadamente bueno, mejor que las motos" (en palabras de Silvio González), sería improbable que se lanzara a afrontar el montante que suponen los derechos del fútbol y la categoría reina del motor.
La televisión pública tiene difícil afrontar esas inversiones
Pero la emisión de eventos de interés general (el fútbol y los Grandes Premios celebrados en España gozan de este estatus) está garantizada por la regulación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, de modo que dicha obligación tendría que ser asumida, previsiblemente, por la televisión pública.
Pero TVE, otrora gran inversora en la adquisición de estos derechos, no pasa tampoco por su mejor momento, con un presupuesto limitado a 1.200 millones de euros y sin ingresos por publicidad, por lo que parece igual de poco factible que pudiera asumir esta gran inversión. Tampoco la FORTA, federación que agrupa a los operadores autonómicos, parece ser la mejor opción, dada la abultada deuda que sufren estas administraciones públicas.
¿Será la Televisión de pago la solución?
Se abre un escenario, pues, en el que la cuerda que se ha tensado a lo largo de los últimos años con inversiones gigantescas en la adquisición de estos eventos en abierto puede romperse. Si esto ocurriera, el fútbol, la F1 y otros acontecimientos similares sólo tendrían cabida, en exclusiva, en operadores televisivos de pago, como ya está sucediendo en determinados países de Europa, que siempre se ha caracterizado por la protección del interés general audiovisual.
O, quizás, la solución está en, como pedía Silvio González, acometer una rebaja en las pretensiones económicas de los vendedores de derechos de retransmisión. Sólo así se garantizaría la protección del derecho de la emisión de esos acontecimientos de interés general.
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