Madrid
Siendo como es la tercera economía de España por volumen de PIB, Andalucía tiene el compromiso inexcusable de aprovechar los fondos europeos de Next Generation para convertirse en una de las regiones con mayor calidad de vida de España y de Europa. No va a tener una ventana de oportunidad como esta en décadas, al igual que el resto de España.
Y por ello es preciso concentrar todos los esfuerzos para que esta tarea histórica salga bien, con responsabilidad y transparencia y sin sectarismos ni electoralismos de ningún tipo. Es una cuestión de Estado y, como tal, todas las administraciones deben colaborar entre ellas y apuntar al mismo objetivo.
El Gobierno andaluz ha llevado a cabo un trabajo muy fino al identificar siete áreas estratégicas en las que invertir los recursos europeos (activación, renovación, recarga y repostaje, conexión, modernización, expansión, y reciclaje profesional) para que caigan, de manera transversal, en los 151 proyectos presentados de generación de riqueza y empleo que fomenten la sostenibilidad y la digitalización.
La empresa andaluza es una de las más importantes del país. Es la segunda que más exporta en el sector agroalimentario (a una décima de Cataluña), cuyo tejido empresarial supone el 18,3% de toda España. Por eso, resulta clave que ésta y el resto de industrias, así como las pymes de la región, sean uno de los principales objetivos de estas ayudas. Para lo cual, deben disponer de la información necesaria y un acceso ágil y rápido.
El Gobierno andaluz ya ha demostrado que sabe hacerlo. En el caso de los autónomos, una gestión eficiente ha conseguido convertir a este colectivo en el más numeroso de España, superando a Cataluña, con 562.694 trabajadores por cuenta propia a fecha diciembre pasado. Y lo ha hecho, generando confianza. En el momento más duro de la pandemia abonó a los emprendedores andaluces ayudas por valor de 423 millones de euros, mediante sistemas de automatización robotizada y simplificando engorrosos trámites administrativos. Esa es la diligencia que espera la empresa con las ayudas europeas.
Uno de los principales esfuerzos del ejecutivo andaluz está en convertir en inteligente y sostenible la potente cadena agroalimentaria andaluza. De esta manera, además de riqueza y empleo, se favorece la lucha contra la despoblación rural, en una comunidad en la que el 17,4% de la población vive en áreas rurales, que ocupan un 64,7% del territorio.
El desarrollo de la industria aeroespacial y la de microchips y semiconductores son otros de los campos a los que se quiere prestar atención preferente, junto a un plan de choque para la atención a la dependencia, infancia, transformación digital y accesibilidad, así como la modernización de la salud andaluza. En definitiva, las grandes inversiones están previstas en economía circular (4.520 millones), fomento de energías renovables (2.885 millones), hidrógeno (2.300 millones y competitividad industrial (3.850 millones).
Andalucía, que ha recibido casi 2.000 millones de estos fondos, ha invertido una cifra cercana a la mitad, lo que la convierte en una de las comunidades más ágiles a la hora de gestionarlos. Es un dato esperanzador para ser optimistas y pensar que será posible aprovechar esta oportunidad histórica en una comunidad con tantas posibilidades como Andalucía.
