Lo anunciaba Úrsula von der Leyen el pasado 3 de diciembre: "Hoy alcanzamos un nuevo hito en la aplicación de nuestro plan de recuperación Next Generation EU", decía en su perfil de Twitter, "En nuestra opinión el primer estado miembro, es decir, España, está listo para recibir un pago de Next Generation EU. Por tanto, tan pronto como los Estados miembros lo aprueben, España recibirá 10.000 millones"
La presidenta de la Comisión Europea afirmaba que se debe a que nuestro país ha hecho grandes avances en la aplicación de los fondos, y que habrá más: hasta 70.000 millones que se irán transfiriendo conforme España vaya cumpliendo objetivos.
Una buena noticia para el ejecutivo de Sánchez que, sin embargo, llega en medio de alguna polémica y escepticismo tras saberse que se destinarán 100 millones de euros a la rehabilitación de sedes sindicales, y 3,5 a publicidad institucional, como informaba el diario ABC. Además, algunos sectores y autoridades regionales ya habían manifestado su disconformidad con la gestión de los Fondos Next Generation EU, fundamentalmente por la falta de concreción en torno a los Perte y sus asignaciones. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, afirmaba en el encuentro Next Generation organizado por El Economista en la región, que contó con la participación de empresarios y actores interesados, que "No entendemos que no conozcamos todavía cuáles son los criterios de reparto", y continuaba: "o cuál es la cuantía de los fondos que corresponden a cada comunidad autónoma".
La noticia de la aprobación de esta primera transferencia por parte de la Comisión Europea llegaba poco más de una semana después de saberse que Airbus había realizado un informe interno en el que critica la descoordinación del Gobierno para recabar los fondos europeos, según informaba el diario El País, que tuvo acceso a dicho informe. En él también se habla de un bloqueo de las ayudas al sector por la falta de liderazgo y el desinterés de los Ministerios de Economía, Ciencia, Industria y Transporte, y consideran que se deja el Perte aeronáutico en una situación indefinida.
A estas críticas el ejecutivo se defendía por boca de Nadia Calviño: "Es un documento de un 'lobby', de una empresa, que tiene interés en que lo suyo vaya primero en la fila", señalaba la vicepresidenta en declaraciones a RNE, y añadía que "no hay que darle más importancia". Y aseguraba que el Gobierno "está avanzando a muy buen ritmo y con muy buena coordinación" en el despliegue del Plan de Recuperación. Sin embargo, la propia compañía se desmarcaba de esta comunicación interna: Airbus ha calificado de "constructiva" la "estrecha" relación que mantiene con el Gobierno español y ha lamentado "profundamente" cualquier "tergiversación" sobre su postura a este respecto, puntualizando que "no representa la posición de la empresa". Una relación fluida que se consolidaba a través del acuerdo cerrado entre el presidente, Pedro Sánchez, y el CEO de la compañía para reducir las salidas de trabajadores a cambio de carga de trabajo, incluyendo dos contratos por valor de 1.000 millones, según El Confidencial.
Por último, a estas críticas se une la de los trabajadores interinos de la Administración Pública, cuya problemática sigue sin solucionarse pese a ser uno de los requisitos marcados por Bruselas para autorizar la transferencia de los fondos. Yolanda Díaz asegura que el Gobierno mantiene su compromiso de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva reforma laboral antes del 31 de diciembre, tal y como informa Servimedia, cumpliendo así con el componente 23 del paquete de reformas que el Estado español tiene comprometido con la Unión Europea para seguir recibiendo los fondos Next Generation-EU.
