Next Generation

Inversión estable y creciente en I+D+i, la receta para ganar más competitividad

  • Extremadura aspira a aumentar el gasto en I+D hasta el 2% del PIB

La ciencia y la tecnología son necesarias para alcanzar un modelo socioeconómico basado en el conocimiento; facilitador de sinergias para incrementar la calidad de vida, generar empleo y favorecer la sostenibilidad de generaciones futuras en Extremadura.

Sobre esta premisa se firmó el Pacto por la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, cuyo objetivo es aumentar el gasto en I+D hasta el 2% del producto interior bruto (PIB) de la comunidad, frente al 0,67% destinado en 2019.

Como recoge el texto, "la ciencia y tecnología, la innovación abierta, la implementación de la colaboración público-privada, las infraestructuras y tecnologías digitales, junto a la educación y formación, deben ser los pilares de transformación socioeconómica en la región. La baja inversión en investigación y desarrollo tecnológico por nuestro tejido productivo restringe sus capacidades de innovación, favorece su dependencia tecnológica del exterior y, por ende, resta su competitividad en los mercados nacionales y extranjeros".

En este contexto, uno de los mayores déficits que afronta la región es la aportación del sector privado. "La estructura de nuestro tejido empresarial, donde el tamaño es un hándicap importantísimo, dificulta acometer inversiones en ciencia y tecnología con garantías de éxito, careciendo la mayoría de las empresas de la fortaleza económica y del personal apropiado para acometerlas", señala el texto del Pacto por la Ciencia y la Tecnología. Por ello, desde la Administración se debe "incentivar fiscalmente las inversiones y la contratación de personal dedicado a la I+D por el sector privado, reducir, o incluso eliminar, los avales y garantías exigidos para favorecer las colaboraciones público-privadas entre empresas y centros de investigación, la creación de empresas de base tecnológica y la compra pública innovadora".

Es necesario incentivar fiscalmente las inversiones y la contratación para implicar al sector privado

La Junta de Extremadura es de las pocas administraciones regionales que aún asume en su propia estructura la gestión de la mayoría de instrumentos de financiación de la I+D+i, con una estructura deficitaria en personal y muy burocratizada.

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura propone la creación de una Unidad Evaluadora del Sistema, cuyas funciones deberían ser asumidas a coste cero por un organismo regional de investigación bajo principios de relevancia, eficacia, pertinencia, progreso e impacto social, en beneficio de la calidad y excelencia de la I+D+i. Asimismo, la regulación laboral del personal científico y tecnólogo se hace necesaria para dar estabilidad y favorecer la consolidación de redes de equipos competitivos que eviten el éxodo de talento a otras regiones o países.

Agenda 2030

Los objetivos de las Estrategias de Especialización Inteligente de Extremadura, y los Planes Regionales de I+D+i incluirán las metas perseguidas por la Agenda 2030 afrontando así los retos medioambientales y del cambio climático, la transición ecológica, los retos sanitarios, los demográficos y del medio rural, los retos agrarios y agroalimentarios, la digitalización de la sociedad y las empresas, la inteligencia artificial, la bioeconomía, la economía verde y la circular.

A principios de junio la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital aprobó la realización de 68 proyectos de I+D+i dirigidos a equipos de centros de investigación públicos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti). La inversión, de casi 9 millones de euros, estará financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El objetivo es la realización de proyectos orientados a atender necesidades y retos socioeconómicos regionales prioritarios, quedando así la distribución: 19 en agroalimentación, 18 en salud, 12 en bioeconomía y economía verde y circular, 9 en humanidades y ciencias sociales, 4 en tecnología de la información y las comunicaciones, economía y sociedad, 3 en turismo, 2 en energías limpias y 1 en investigación básica. La cuantía máxima otorgada por proyecto es de 150.000 euros para aquellos que incluyan la contratación de personal y, de 60.000 euros, para los que no la incluyan.

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